El Gobierno de México anunció que ordenó reponer la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre del 2014.

Esto con ayuda de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Detalló que el propósito es que se puedan “sumar esfuerzos y voluntades” para aclarar lo sucedido con la desaparición de los 43 jóvenes. Además, pidió a la Secretaría de Gobernación que “se dedique tiempo completo a atender este asunto”.

Luego de reunirse con los padres de las víctimas, el Gobierno acordó hacer reuniones cada mes para discutir avances del caso. El primer encuentro está programado para el 5 de marzo.

Manifestó que “se trata de un asunto de Estado” y van a trabajar de manera conjunta, la Fiscalía y el Poder Judicial. “El caso de Ayotzinapa es una prioridad de nuestro Gobierno”, aseguró.

Las autoridades también mencionaron que ofrecerán “protección, amnistía y recompensa” a quien proporcione información que ayude a resolver el caso.

“Es un asunto para nosotros de Estado, aclarar lo que sucedió y actuar. Y le estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen (…) no puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron más de 100 personas”, dijo.

El caso Ayotzinapa

 

La noche del 26 de septiembre de 2014, policías municipales detuvieron a los 43 normalistas y los entregaron a integrantes de un cártel del estado de Guerrero.

Estos los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Un grupo de expertos, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó el caso y dio una versión diferente. Sostuvieron la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero, y dijeron que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

El actual Gobierno mexicano reabrió el caso en diciembre de 2018, y estableció la llamada Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Por su parte, los padres de los familiares decidieron organizar una caravana por 16 escuelas normales en mismo número de estados, ante los nulos avances del actual Gobierno en la investigación.

Familiares y activistas han acusado a los jueces y a los fiscales de defectos en las indagatorias. Además de sentencias que han dejado libres a presuntos responsables del crimen, y por entorpecer la búsqueda del paradero de los desaparecidos.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció en enero el desmonte de la oficina especial dentro de esta institución para el caso.

Con información de EFE

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