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Piden a AMLO intervención para evitar desaparición del Transbus

Acusan al gobierno estatal de Morena de pretender atropellar derechos de transportistas

 

Redacción/Contraste Político

VILLAHERMOSA.- Con el gobierno perredista de Arturo Núñez Jiménez inició la destrucción del sistema de transporte público de pasaje conocido como Transbus, y ahora la administración estatal morenista, pretende culminar su desaparición, y afectar directamente a los concesionarios, denunciaron los propios afectados.

Por ello, los transportistas del servicio público urbano de pasajeros de esta capital, se han organizado para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el gobierno del estado les pague los dos meses de adeudos por concepto de “reembolso” o subsidio, por la aplicación de tarifa preferencial a estudiantes, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes.

Además piden a López Obrador, quien este fin de semana realizará una gira de trabajo por Tabasco, principalmente, que detenga la intención de la administración estatal de Morena, de quitar ese subsidio, cancelarles las placas depositadas cuando crearon el Transbus, darles de baja a unidades modelo 2010 hacia abajo, y dejarles solo una concesión a quienes tienen más de una y el resto cancelarlas.

Consideraron que no sólo sería un atropello jurídico, sino humanitario, pues la mayoría de los concesionarios son gente de la Tercera Edad que sólo tienen ese ingreso para sobrevivir el resto de sus días.

Los concesionarios de las unidades de transporte de pasaje urbano, laboran con unidades en rutas y como accionistas de Transbus de los corredores Mendez-27 de febrero y Cooperativa Universidad-Bicentenario.

Señalan, lo que el gobierno de Tabasco pretende realizar, es una contradicción con la política del presidente de la República, quien el 25 de enero pasado, dijo en la ciudad de Monterrey, que se le dará subsidio al transporte público de pasajeros en el Estado de Nuevo León.

 

“No podemos permitir que atenten contra el patrimonio de nuestra familia” y por ello pedirán al presidente de la República su intervención, destacaron.

Los transportistas urbanos de esta capital recordaron que el transporte público de pasajeros en la modalidad de colectivo urbano, hasta el 2008 se proporcionó con unidades tipo combis y Urvan’s, que cubrían las colonias y arterias viales más populares.

Fue entonces que el gobierno estatal que encabezó Andrés Granier Melo, decidió agrupar y organizar a más de 700 socios de cinco Uniones como ARVIT, UTPCAM, UTUCC, VICOSERTRA Y SETRATAB, en el proyecto denominado Transbus compuesto por 2 empresas, una Sociedad Anónima y otra como Cooperativa.

Por primera vez en la historia de la capital tabasqueña, llegaron autobuses climatizados y el cobro directo en efectivo y con tarjetas por medio de cajas receptoras, sin la intervención de los conductores. Se modernizaron los paraderos, con señaléticas y rutas establecidas, que no se realizaba desde el gobierno de Enrique González Pedrero, con el Sistema de Autotransporte de Tabasco (SAETA).

“El Transbus, hasta finales del año 2012 brindó a la ciudadanía un excelente servicio” y los accionistas percibían ingresos económicos por dos rubros: el de “dividendos” por la administración de las placas en la empresa Transbus, y el “reembolso” o subsidio por concepto del descuento de Tarifa preferencial del 50 por ciento a estudiantes y personas de la Tercera Edad.

Rememoran que el subsidio los entrega el Gobierno del Estado, a través de la actual Secretaría de Movilidad y que ante era Transportes, que está convenido desde hace aproximadamente cuatro décadas y ha sido la mejor forma funcional para las partes involucradas, favorecidos de la tarifa preferencial, autoridades y transportistas.

Pero, a partir del 2013, al comienzo del Gobierno de Arturo Núñez Jiménez, al considerar que el proyecto Transbus era política pública sexenal del Gobierno anterior, “por situaciones aún desconocidas comienza la debacle del tan exitoso servicio de transporte público de pasajeros”.

Núñez designó como su primer ejecutor a su entonces secretario de Transportes, José Antonio de la Vega Asmitia –actualmente secretario de Energía en el gobierno de Morena-, y luego el actual diputado Agustín Silva, “perjudicando de gran manera al público usuario y a los transportistas que habían dado en administración sus placas al Transbus”.

El perjuicio al público usuario consistió en que de pagar 8.50 pesos en el transporte público de pasajeros Transbus, al irlos desapareciendo del servicio ya fuera por falta de mantenimiento o por la quema de aproximadamente 60 autobuses en el 2014 -hasta la fecha la Fiscalía no encuentra al o los responsables-, los usuarios del transporte público se vieron obligados a pagar entre 25 a 40 pesos en taxis colectivos autorizados y más de mil 200 taxis “piratas”.

Los taxis “piratas” casualmente empezaron a dar servicio en el 2013, a la par en que “extrañamente iban desapareciendo” los autobuses de Transbus, a manos de diversos personajes apoyados desde la entonces SCT y los supuestos presidentes de los consejos del Transbus.

 

Fue desde el año 2014 que a los concesionarios-accionistas les dejaron de pagar el concepto de “dividendos”, y a partir de entonces han sobrevivido solamente con el pago del “reembolso” o subsidio.

Sin embargo, ese concepto se les dejó de pagar hasta septiembre del 2018 -octubre, noviembre y diciembre del 2018 no pagó el gobierno de Arturo Núñez a los accionistas de Transbus- y a los socios de las Uniones no les pagaron el mes de diciembre 2018.

La nueva administración estatal del morenista Adán Augusto López Hernandez, retomó el pago del reembolso por descuento a los beneficiarios de la tarifa preferencial a partir de enero del 2019.

Sin embargo, el pasado 25 de febrero pasado, el actual subsecretario de Movilidad del estado (Semovi) y también concesionario de transporte público foráneo, Juan Francisco Cabrera Gutiérrez, declaró que llegó a su fin el “subsidio”. El cual en realidad es el reembolso de otorgar tarifa preferencial a estudiantes y personas de la Tercera Edad.

Afirman que la realidad es que más de 800 de los casi mil 500 transportistas, entre socios de las Uniones y accionistas del Transbus, son personas que dejaron su vida por más de 50 años prestando el servicio público de pasajeros a la ciudadanía y que actualmente “sobreviven” económicamente hablando, para sus alimentos, vestido y medicamentos, con el pago que pretenden suspenderles.

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