06/07/2020

CIUDAD DE MÉXICO., (Contraste Político).- Aunque sin cortapisas se aplicó durante un año y diez meses, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio cátedra constitucional al gobierno del estado al invalidar la legislación que permitía contrataciones sin licitación pública.

“La ampliación indeterminada de los supuestos de excepción impedía garantizar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto publico” que realizaba la administración estatal encabezada por Adán Augusto López Hernández, quien ya debería despedir a su jurídico por tantas aberraciones legales en que lo ha metido o que no le ha alertado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencia, invalidó diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

Esas leyes establecían nuevos supuestos de excepción a las licitaciones públicas, tratándose de contrataciones necesarias para la realización de proyectos estratégicos que detonen el empleo, mejoren la infraestructura, impulsen el desarrollo económico del Estado, o que hubieren sido convenidos con la Federación o las empresas productivas del Estado en materia energética, entre otros casos.

Pero las mismas eran violatorias del artículo 134 de la Constitución General, dictaminó la SCJN, al resolver las Acciones de inconstitucionalidad 99/2018 y su acumulada 101/2018, promovidas por la entonces Procuraduría General de la República y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, demandando la invalidez de diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del mencionado Estado, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad de 13 de octubre de 2018, mediante Decreto 001.

En efecto, el Tribunal Pleno consideró que esas disposiciones ampliaban de manera indeterminada los supuestos de excepción a la licitación pública para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios, “lo que se prestaba a una amplia discrecionalidad e impedía garantizar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, los cuales deben caracterizar a toda contratación pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución General”.

De esta forma, la SCJN invalidó los artículos 45, fracciones IV, en la porción normativa “la seguridad interior del Estado o la Nación”, XI y XII, así como el 46, párrafo primero, en la porción normativa que establecía “Con la excepción de los casos previstos en el artículo 45, fracciones IV, XI y XII de esta Ley”, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Asimismo, el Pleno invalidó los artículos 38, fracción IV, y 39, fracciones XI, XII y XIV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

Finalmente, el Pleno de la Corte validó los artículos 44, primer párrafo, 46 –con excepción de la parte invalidada–, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como 2, fracción XIV, 21, segundo párrafo y 39, fracción XIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, por considerarlos acordes al referido artículo 134 constitucional.

El 27 de septiembre de 2018, la mayoría morenista del Congreso local, con apenas un mes en el cargo, reformó a aprobó esas “leyes”, a pesar de que violaba la Constitución federal.

Las dos leyes estatales que eliminaron las licitaciones y otorgaron poder discrecional a funcionarios estatales y municipales para adjudicar obras, contratar servicios y realizar compras de manera directa, bajo el argumento de que se “realicen sin retraso”.

Muchas voces señalaron entonces que la reforma significaba un retroceso en materia de transparencia y en el combate a la corrupción, pues dio pie para favorecer a amigos, compadres y conocidos con obras y contratos de proveedores, al asignar de manera discrecional las obras, sin convocatoria y mecanismo de licitación de por medio.

El 27 de septiembre del 2018, cuando aún no cumplía un mes la nueva legislatura, la mayoría de Morena sin discusión a fondo en Comisiones, se aprobó en el pleno las polémicas reformas, que contravenían la Carta Magna:

La mayoría legislativa de Morena modificó la fracción IV y adicionó las fracciones XI y XII del artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, para contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, y quedando a la interpretación.

Y también en esa ocasión, aprobaron dejar fuera de licitación las obras, cuando “sea necesario para garantizar la seguridad pública, la procuración de justicia, la reinserción social”.

También se daba “manga ancha” al gobernador de Tabasco, en el manejo del erario, al ser modificada la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del estado, pues a través del Artículo 38, se le facultaba autorizar la “adjudicación directa” a la Secretaría y el fincamiento de pedidos o la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como el gasto corriente, en diversos casos.

Uno de ellos era “cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que sean necesarios para la realización de proyectos, obras y/o acciones que detonen el empleo, mejoren la infraestructura e impulsen el desarrollo económico y/o social del Estado”.

O cuando se trate de adquisiciones arrendamientos y servicios, que sean necesarios para la realización de proyectos estratégicos que sean convenidos con la Federación o con las Empresas Productivas del Estado respecto a las actividades en materia energética previstos por las leyes respectivas.

También en los casos “para atender programas o proyectos destinados a detonar el empleo, mejorar la infraestructura e impulsar el desarrollo económico y social del estado”.

Y en los casos y por el monto que determine el Comité de Compras con la finalidad de atender la operatividad de la Secretaría, Dependencias, Órganos y Entidades.

En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas, los morenistas justificaron que se debía permitir que aquellos “proyectos de gran envergadura” que impulsen de manera importante el desarrollo económico y social, así como detonen el tan necesitado empleo, sea aterrizado de forma rápida y sin contratiempos, “manteniendo que se hará con honradez, transparencia, buscando las mejores condiciones de precio y calidad existentes en el mercado”.