CDMX (CONTRASTE POLÍTICO).-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo revisión 25 años de contrataciones y adquisiciones de las autoridades electorales del país, al advertir posibles irregularidades históricas en el manejo de recursos públicos.
La investigación abarca el periodo de 2000 a 2025, durante el cual el organismo electoral pasó de ser el Instituto Federal Electoral (IFE) a convertirse en el Instituto Nacional Electoral (INE), en 2014.
La ASF informó que desarrolla tres líneas de trabajo: una investigación de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE, así como al gasto federalizado ejercido por los organismos públicos locales electorales (OPLE).
El objetivo es identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con grupos empresariales y servidores públicos.
¿Quiénes encabezaron el IFE y el INE durante esos años?
Para dimensionar el periodo que será revisado, estas son las principales figuras que estuvieron al frente de la autoridad electoral federal:
- José Woldenberg (IFE, hasta 2003): encabezó el organismo durante la elección presidencial de 2000, cuando ocurrió la primera alternancia política en la Presidencia.
- Luis Carlos Ugalde (IFE, 2003-2007): estuvo al frente durante la elección presidencial de 2006.
- Andrés Albo Márquez (IFE, 2007-2008): asumió la presidencia provisional tras la salida de Ugalde.
- Leonardo Valdés Zurita (IFE, 2008-2013): encabezó el instituto durante las elecciones presidenciales de 2012.
- Lorenzo Córdova Vianello (INE, 2014-2023): fue el primer consejero presidente del INE y estuvo al frente durante las elecciones federales de 2015, 2018 y 2021.
- Guadalupe Taddei Zavala (INE, desde 2023): encabezó el instituto durante las elecciones federales de 2024 y la elección judicial de 2025.
Tres líneas de investigación
La primera contempla una investigación de oficio sobre irregularidades en las contrataciones públicas de todos los OPLE, así como del INE y el entonces IFE.
La segunda consiste en un estudio histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, para identificar patrones de contratación y posibles prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos.
La tercera contempla una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los organismos electorales locales.
La ASF señaló que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información requerida a las entidades federativas advierten múltiples irregularidades históricas en el gasto público vinculado con estas instituciones.
El organismo precisó que las investigaciones se desarrollan dentro de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.
La ASF deberá determinar, a partir de las contrataciones y los resultados de sus auditorías, si existieron responsabilidades en el manejo de recursos públicos.
