CDMX (CONTRASTE POLÍTICO).-Una denuncia anónima dirigida a instancias anticorrupción de la Ciudad de México señala a mandos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por presunta extorsión sistemática, cobro de cuotas y amenazas contra narcomenudistas bajo un esquema de protección ilegal.
Una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Ciudad de México, dirigida al fiscal Roberto Alejandro Ruie, expone la presunta existencia de una red de extorsión operada por elementos activos de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Gustavo A. Madero.
La investigación periodística, describe un esquema en el que agentes de investigación presuntamente cobran cuotas semanales a narcomenudistas a cambio de no realizar cateos, detenciones o aseguramientos, bajo amenazas directas contra ellos y sus familias.
Los nombres señalados
De acuerdo con la denuncia, los agentes directamente involucrados serían:
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Juan Gutiérrez Mondragón, alias “El Grich”
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Julio César Escobar Luevano, alias “El Gigio”
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Dither Michel Hernández, alias “El Guti”
Los tres estarían adscritos a la Fiscalía Territorial de GAM, donde operarían los cobros ilegales.
Como responsable directa del mando en la zona, el documento señala a la comandante Claudia Elvira Gutiérrez Valencia, recientemente designada como directora de PDI en GAM, quien —según la denuncia— habría ordenado el cobro de una “cuota de presentación” por su llegada al cargo.
Dicha cuota sería equivalente a la renta semanal ya exigida: 5 mil pesos por cada punto de venta, además de los pagos habituales.
Cobros, amenazas y control territorial
El documento describe un esquema de cuotas semanales que oscilan entre los 3 mil y 15 mil pesos, dependiendo del tamaño del punto de venta. A los afectados se les habría advertido que no pueden dejar de vender ni cerrar operaciones, ya que aun así serían detenidos por haber sido previamente identificados.
En caso de no cumplir con los pagos, los policías —según la denuncia— amenazan con catear domicilios particulares, incluso aquellos donde viven las familias de los señalados, aunque no estén relacionados con actividades ilícitas.
Uno de los puntos más delicados del documento es la exigencia de una “cuota doble” con motivo de Navidad, que debía ser entregada a mediados de diciembre, independientemente del pago inicial solicitado por la nueva comandancia.
Presunta protección desde altos mandos
La denuncia también involucra directamente al director general de Territoriales de la PDI, comandante Jesús de la Paz Díaz Venegas, quien —según el testimonio— habría nombrado a Claudia Elvira Gutiérrez Valencia y presuntamente se presenta como “intocable” dentro de la institución.
De acuerdo con el documento, Díaz Venegas asegura tener control sobre asuntos internos, conocimiento anticipado de investigaciones anticorrupción y respaldo del actual Director General de la Policía de Investigación, además de una supuesta cercanía con funcionarios clave de la Fiscalía capitalina.
También son señalados como operadores dentro de la estructura:
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Jesús Alfredo Morales Rocha, alias “El Bronce Chucho”, jefe de grupo
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Álvaro Manuel Cortés Ruiz, alias “El Pelón”
Miedo, silencio y organización para denunciar
La denuncia sostiene que decenas de personas estarían siendo víctimas del esquema, muchas de ellas atemorizadas por represalias, lo que ha mantenido el silencio durante meses.
No obstante, el documento señala que varios afectados ya se están organizando para presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancias de inteligencia militar y organismos anticorrupción, con el respaldo de un bufete de abogados y una organización nacional especializada en combate a la corrupción.
Una bomba de tiempo institucional
El contenido del documento plantea un escenario grave: la presunta utilización del aparato de justicia para extorsionar, proteger delitos y ejercer control territorial desde dentro de la propia Fiscalía, lo que representaría una ruptura profunda del Estado de derecho.
El caso pone nuevamente bajo la lupa a las estructuras internas de la Policía de Investigación, en un contexto donde la corrupción policial sigue siendo uno de los principales retos para la seguridad y la credibilidad institucional en la capital del país.
Información @IrvingPineda
