VILLAHERMOSA (Contraste Político).- Ni el helicóptero o los 41.9 millones de pesos erogados para su compra, por el pasado gobierno de Arturo Nuñez Jiménez, PRD, aparecen por ningún lado ni tampoco se imputó del ilícito a ningún de los responsables del manejo de esos recursos.

A un año y casi dos meses trascurridos de la actual administración estatal morenista de Tabasco, todos ignoran el destino de la aeronave que nunca llegó a la entidad ni hacia donde “volaron” los millonarios recursos del erario estatal.

El 6 de diciembre de 2016, el gobierno de Tabasco, mediante asignación directa, signó el contrato de compraventa número CV-PRO14-01/16 con la empresa DCO AVIATION SOLUTIONS S.A. DE C.V del helicóptero usado Augusta Westland modelo AW109E, número de serie 11134 del año 2002 de fabricación, cuyo costo total era de 45 millones 601 mil 920 pesos, pero ya no se efectuó el último pago por tres millones 654 mil pesos, que sería a la entrega del aparato.

Ni durante el gobierno que encabezó el perredista –padre del actual alcalde morenista de Cuauhtémoc, Ciudad de México, Néstor Núñez López-, ni ahora con el gobierno de Adán Augusto López Hernández, por Morena, se ha incoado a exfuncionario alguno de lo que podría ser el peculado o el ejercicio indebido del servicio público por 41.9 millones de pesos pagados a cambio de la entrega del helicóptero, el cual estaría a cargo y operado por el Instituto Estatal de Protección Civil del estado (IPCET).

Un helicóptero con las mismas características y marca, pero de modelo más reciente de fabricación 2008, actualmente tiene un costo en el mercado de 28.6 millones de pesos, mucho menos del costo del «comprado» por adjudicación directa al proveedor que ordenó el exgobernador Arturo Nuñez.

Fue en plena investigación que dimite el entonces director del IEP, coordinador del IPCET, Iván Martínez Herrera y el gobernador Arturo Núñez designa como su sustituto a Jorge Mier y Terán Suárez, quien fue ratificado en el cargo por el mandatario morenista Adán Augusto Hernández López.

Mier y Terán declaró el pasado 21 de febrero, que igual desconocía los detalles de la fraudulenta compa del helicóptero, y dijo que a este proceso de denuncia sólo se había decretado la inhabilitación del ex coordinador Iván Martínez Herrera, junto el exdirector jurídico y la de exdirectora de administración de ese organismo.

En diciembre del 2018, la actual legislatura con mayoría absoluta de Morena, aprobó la cuenta pública del perredista Arturo Núñez, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, donde no se le hizo ninguna observación sobre la fallida compraventa del aparato de transportación aérea, igual ocurrió con la Cuenta Pública del 2018 y última del exgobernador perredista.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJT), Elías Germán Arzubide Dagdug, confirmó la inexistencia de investigación alguna sobre esa fallida compra-venta de la aeronave.

Mediante la solicitud de Transparencia, folio 00645019, el fiscal Anticorrupción, quien fue designado por la actual administración, respondió que después de “una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Fiscalía Especializada, no existe ningún expediente abierto relacionado con la compra del helicóptero”.

Y apenas, el pasado 19 de febrero, el gobernador Adán Augusto López Hernández, titubeante sobre el tema, opinó en entrevista banquetera que debe investigarse qué pasó con los recursos destinados para la adquisición de la aeronave.

Declaró que era una exigencia de su parte que “se abra la investigación o se reabra la investigación por la supuesta compra de un helicóptero en el sexenio pasado que parece que fue un robo”, pero que ignoraba el monto que se había destinado.

“Pero yo espero que se revise a fondo y que si hay alguna responsabilidad se persiga a quienes la tengan”, declaró a reporteros al termino del evento del Día del Ejército.

La historia de la compra-venta de un helicóptero en el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, inició en el 2016, cuando la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social (GRDS) de Petróleos Mexicanos, determinó donar al gobierno de Tabasco, 15 millones 686 mil de pesos para la compra de esa aeronave con el objetivo de que cuidara a la industria petrolera.

Pemex reportó que la aportación era para “apoyar la adquisición de un helicóptero para la realización de actividades de vigilancia de ductos e instalaciones de Pemex, así como de auxilio en actividades de protección civil” en Tabasco.

Junto con esos recursos federales, más una cantidad mayor del erario estatal, el gobierno de Tabasco inició los tramites de la compraventa del helicóptero.

El gobierno que encabezó Núñez Jiménez nunca informó públicamente sobe la compraventa de la aeronave, pues se clasificó como información reservada, incluso existía una clausula de confidencialidad en el contrato en el que se prohibía dar detalles sobre esa adquisición y los detalles de la aeronave, al considerarse como información estratégica, tanto en el combate a grupos delictivos como el de identificación de infraestructura federal.

El donativo entregado por la GRDS de Pemex, se utilizó para el pago del anticipo, efectuado el mismo día de la firma del contrato de compraventa; e insólitamente tres días después el gobierno de Tabasco liquidó el segundo pago por 26 millones 249 mil 777 pesos.

Sin embargo, ya en el año 2017, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revisó la Cuenta Pública 2016, auditoría 452-DE al “Programa de Responsabilidades y Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos”, observó que el donativo entregado por el entonces gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex, el tabasqueño Bernardo Bosh Hernández –inhabilitado por otros motivos en 2019 y bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública-, se detectó la inexistencia del helicóptero, junto a las tareas para las que estaba programado.

Fue hasta junio del 2017, que el gobierno de Tabasco proporcionó la información a la ASF sobre el destino que dio al donativo recibido de Pemex, por los 15 millones 686 mil 200 pesos, los había entregado a la empresa, apenas con dos años de constituida, DCO AVIATION SOLUTIONS S.A. DE C.V, con supuesto domicilio Río San Ángel numero 69, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Alvaro Obregón, cuyo director y representante legal eran Juan Antonio Cruz Zamora y Francisco Javier Martínez Cárdenas, respectivamente.

Junto con esa cantidad, el gobierno nuñista recibió otro donativo de Pemex, aun encabezado por Emilio Lozoya Austin, de 15 millones de pesos “para apoyar la realización de programas estratégicos estatales en materia de seguridad de ductos de Pemex que atraviesan Tabasco”.

La ASF observó sin embargo, que al cierre de la auditoría 2017, que el helicóptero no había sido entregado por el proveedor y el gobierno de Tabasco tuvo que devolver el recursos destinado a la compra de la aeronave y solo pudo comprobar el monto del otro donativo. “Por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, PEMEX recuperó el donativo otorgado a dicho estado”, reportó la institución.

Fueron los únicos recursos que devolvió a Núñez Jiménez, pero que tomó del erario estatal para esa solventar esa observación de la ASF. Pero en total de pérdida de recursos públicos por la frustrada compra de la aeronave, fueron 41.9 millones de pesos, que sin helicóptero se encuentran “volando” y sin nadie responda por ello.

La última promesa de entrega que hizo DCO AVIATION SOLUTIONS S.A. DE C.V, fue que la aeronave llegaría al hangar del gobierno estatal en el aeropuerto de Villahermosa, el 9 de junio del 2017, pues partiría de Dallas Texas, EU, “luego de realizarle los últimos ajustes a la máquina, los cuales han sido detallados en su totalidad”, expresaba los “empresarios” en un oficio enviado al IPCET.

La justificación de Pemex y gobierno del estado para comprar la aeronave que vigilaría ductos, principalmente en el corredor del “huachicol”, Cárdenas-Huimanguillo, era la alta incidencia de ese delito.

Con ese propósito se elaboró el programa de vuelo “para reducir el robo de combustibles en el poliducto que corre de la Refinería de Minatitlán-Villahermosa, principalmente en las comunidades de los municipios citados.

La aeronave “desaparecida” formaría parte de la estrategia de inteligencia para recabar información que “permitiría orientar las acciones de seguridad en el combate de los grupos delictivos y que son parte de células organizadas que ponen en riesgo la infraestructura y seguridad de la población”.

Según el “Programa de vuelos de reconocimiento en helicóptero para la realización de actividades de vigilancia de ductos e instalaciones de Pemex” que se pretendía con la desparecida aeronave, el objetivo básico era la localización de tomas clandestinas, carrotanques sospechosos, camionetas con contenedores de combustibles cerca de los corredores de ductos y cerca de instalaciones estratégicas.

El programa considerado también confidencial, obtenido vía transparencia, especificaba la ruta de vuelos principales para localización de tomas clandestinas robo de unidades y actividades disuasivas en contra de grupos delictivos en las diez comunidades de mayor incidencia sobre el corredor del poliducto Minatitlan-Villahermosa.

Mencionaba que durante el año 2016 la zona de mayor incidencia en el robo de pipas con combustible, era en el tramo del kilómetro 180 de la carretera federal del Golfo Villahermosa-Coatzacoalcos, un polígono de Cardenas-Huimanguillo, que aunque es planicie como todo Tabasco, es una zona de poblados controlados por bandas delictivas.

“Allí transita el corredor del poliductos Minatitlán-Villahermosa, y es la ruta de tránsito d carros tanque con combustible” proveniente de la Refinería de Minatitlán y del Complejo Pajaritos, con destino a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en Villahermosa.

El reporte indicaba que 2015 en Tabasco se registraron 236 tomas clandestinas en los ductos, principalmente en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, y ocurrieron el robo de al menos 33 pipas con combustible por parte de grupos de delincuencia organizada.

“El delito se ha multiplicado rápidamente debido a la poca participación de las autoridades municipales”, reconocía el Programa de Vuelos que nunca se implementó. Destacaba que en promedio dos eventos delictivos semanales, y citaba que en 2014 se presentaron 145 Carpetas de Investigación en la hoy Fiscalía General de la República.

Por las tomas clandestinas en ductos “diariamente se registra un impacto en pérdidas de diez millones de pesos” por la ilícita actividad, sin incluir afectaciones por daño ambiental y pago de afectaciones a la población.

El problema de robo aún persiste en la zona «huachicolera» de Tabasco, y el año 2018, en Tabasco se registraron 190 tomas clandestinas en ductos y en 2019 se elevó a 367 «ordeñas» la mayoría en Huimanguillo y Cardenas, en el corredor del poliducto.

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