Los Programas de acciones sociales sin cumplir objetivo

Roberto Barboza Sosa/Contraste Político.

VILLAHERMOSA, Tab.- Como presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Tabasco, en 1983, Andrés Manuel López Obrador, organizó lo que sería el primer programa de obras y acciones en comunidades impactadas social y ambientalmente por la industria petrolera.

Los recursos aportados por Petróleos Mexicanos (Pemex), tenían el propósito de apaciguar la inconformidad y bloqueos de campesinos, agricultores y pescadores, y se permitiera a la empresa continuar con la explotación de yacimientos.

A 37 años de esa primera acción gubernamental en comunidades rurales petroleras, denominado Programa para el Desarrollo de la Zona Costera de Tabasco (PRODECOT), ahora como presidente de México, el político tabasqueño otra vez tiene la responsabilidad de aplicar un programa de apoyo a la población donde tiene presencia Pemex.

En esta ocasión, López Obrador hereda de su antecesor Enrique Peña Nieto, el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), de la responsabilidad de Pemex, pero que lo ejecutan las empresas petroleras contratistas, a través del pago de la contraprestación por cada contrato adjudicado.

El objetivo, igual que hace más de tres décadas, supuestamente es para redistribuir parte de los recursos de la explotación de hidrocarburos, entre la población donde existe presencia de la industria petrolera.

De acuerdo con el estudio Richard Heede, del Instituto de Responsabilidad Climática de los Estados Unidos, y que dio a conocer el diario británico The Guardian, Petróleos Mexicanos es la quinta empresa estatal más contaminante a nivel mundial por las cantidades de emisión de carbono.

En Tabasco, como el resto de las entidades petroleras, a más de tres décadas de explotación de yacimientos, prevalece un denominador común: comunidades con rezagos sociales y daños ambientales, sostiene la socióloga, Maestra en Estudios Regionales e investigadora de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, (UNACAR), Esther Solano Palacios.

Explica que en todos esos años se han creado programas con millonarios recursos, pero sin que las comunidades hayan logrado ningún grado de desarrollo económico, y lo peor que cada vez se agota la veta petrolera.

De 1990 a la fecha, en Tabasco se redujo un 77.63 por ciento la producción de hidrocarburo, pues de 562 mil 833 barriles diarios de crudo que se extraían, actualmente sólo se produce el 22.37 por ciento de esa cantidad, pues según el Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía, actualmente en la entidad se generan 125 mil 929 barriles diarios del energético.

En recorrido por las comunidades donde tiene presencia la industria petrolera, campesinos, indígenas y pescadores dieron testimonio del impacto social y ambiental generado causado por la industria petrolera, con daños a tierras, cultivos, lagunas, ríos y el medio ambiente en general. Los afectados expresaron que sólo han sido testigos de la extracción de la riqueza del subsuelo, pero que en poco o nada les ha dejado beneficios.

Ahora con el PACMA, menos les llegan las supuestas obras, programas y acciones destinadas a mejorar el nivel y calidad de vida de estas comunidades enclavadas junto a yacimientos, instalaciones y actividad de la industria petrolera.

PEMEX “INTRUSO” EN ZONAS INDIGENAS

El delegado municipal y ex comisariado del Ejido Oxiacaque, Nacajuca, Rubicel López García, asegura que en los más de 40 años de presencia de la industria petrolera en esa zona, “son más los perjuicios” que ha dejado la actividad de Pemex.

En esta región donde se encuentran asentados los pueblos de la etnia Chontal, Pemex vino como “un intruso” a romper la tranquilidad y armonía, con la perforación de pozos, instalación de la red de ductos, construcción de baterías de separación y bombeo, así como la infinidad de derrames.

Uno de los mayores percances de la industria petrolera en la última década, ocurrió el 27 de octubre del 2013, cuando a la empresa Halliburton se le salió de control el pozo Terra 123, que explotó y se mantuvo 58 días en conflagración.

El pasado 26 de agosto de este 2019, se incendió una amplia superficie de vegetación que estaba impregnada de crudo por un derrame reciente, entre las comunidades indígenas de La Loma y Tucta, Nacajuca, que destruyó plantas silvestres que los Chontales utilizan para elaborar artesanías, de cuya venta obtienen ingresos para el sustento familiar.

Candelaria Lázaro Lázaro, líder comunitaria de Tucta, afirma que el daño impactó fuertemente a los artesanos chontales, pues es una tarea en la que participa toda la familia, tanto en la recolección de las fibras vegetales, como en la elaboración de artesanías, que es la principal actividad económica de la población.

Propone que una ayuda social, sería que Pemex apoyara a su comunidad a través de invernaderos para producir diversas hortalizas, así como programas de traspatio para la crianza de animales domésticos, ya que aquí los Chontales carecen de terrenos propios.

La conducta destructora de la industria petrolera ha originado una confrontación permanente de la comunidad con Pemex y las compañías petroleras. Los pobladores de esta zona, como en la mayoría de las comunidades rurales, han recurrido a manifestaciones y bloqueos de accesos a los lugares donde existe actividad de Pemex y de compañías petroleras.

La empresa petrolera nacional ha recurrido a las demandas penales contra la población inconforme, incluso. En 2013, el delegado municipal de Oxiacaque fue denunciado ante la hoy Fiscalía General de la República, carpeta de investigación CI/PGR/TAB/VHSA-IV/107/D/2013, pero finalmente Pemex se desistió y acordó atender y solucionar los reclamos sociales.

En el caso de las comunidades indígenas, la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, establecen que se deben realizar Consultas Públicas, previo a que se ejecuten proyectos de exploración y explotación de yacimientos, pero hasta ahora es una norma incumplida por parte de las autoridades y empresas de la industria petrolera mexicana.

El Artículo 85, establece que la Secretaría de Energía (Sener) será la responsable de los procedimientos de Consulta Previa a que se refiere el artículo 120 de la Ley y emitirá las disposiciones administrativas de carácter general para su desarrollo, conforme a las fases que establece el artículo 87 del presente Reglamento.

“La Consulta Previa a comunidades y pueblos indígenas se realizará a través de sus instituciones representativas y mediante procedimientos apropiados, con el fin de alcanzar un acuerdo u obtener el consentimiento libre e informado”.

REITERADA DESTRUCCIÓN EN EL CAMPO

Pero, las quejas contra Petróleos Mexicanos es la constante en la mayoría de las comunidades donde tiene presencia esa industria ahora Empresa Productiva del Estado.

En otra zona petrolera distante, el ejido Ocuapan, Huimanguillo, también la comunidad señala que a pesar de la cifra considerable de instalaciones petroleras no han visto para nada la reciprocidad de la empresa, afirman el presidente del Comisariado Ejidal y el delegado municipal, Walter Arias Madrigal y Carlos Ramón Arias Ramírez, respectivamente.

En este Ejido, Pemex explota el campo Jujo, con 64 pozos en producción, tuberías de descargas de esos pozos, los ductos que se conectan a las Baterías de Separación y Estación de Compresión “Jujo” y “Paredón”, así como una planta de Nitrógeno. Además se colinda con otras comunidades también con importante presencia de la industria petrolera.

A pesar de ello, el Ejido Ocuapan, “está al margen de la seguridad total, sin mantenimiento y construcción de nuevos puentes, carente de infraestructura escolar de diversos niveles, sin espacios deportivas ni vialidades urbanas”, exponen las autoridades comunales.

En el ejido Blasillo primera sección, Huimanguillo, es similar la historia de destrucción y olvido de Pemex, donde se ubica el campo petrolero Otates, con cerca de 70 pozos, batería de separación, Batería de Separación, Estación de Compresoras, red de caminos de acceso a sus instalaciones, derechos de vía de la telaraña de ductos que atraviesan ese núcleo agrario.

La comunidad encabezada por presidente del comisariado ejidal, Agustín Moreno López, señalan que en los últimos 30 años se suscitaron derrames de crudo, fugas de gas, explosiones, quemas controladas e incineración de gas e hidrocarburos a la atmósfera, con sus respectivos impactos ambientales.

En años recientes, este y otros campos maduros de la zona fueron concesionados a la empresa inglesa Petrofac, por lo que nuevamente se desarrollará una nueva etapa de perforación de pozos a mayor profundidad, con lo que nuevamente retornarán las afectaciones de la industria petrolera.

Explican que toda esa zona del noroeste tabasqueño, con terrenos planos de escasa pendiente, se mantiene inundada por la retención del agua que provocó la infraestructura petrolera al modificarse y alterar los drenes y escurrimientos naturales.

Por ello, para el aprovechamiento agropecuario, proponen que a través del PACMA, Pemex realice un rediseño de drenes que permitan el desalojo de las aguas que mantienen anegadas e inutilizadas a sus tierras, que conjugado con la obstrucción de la carretera federal 180 y la autopista, ahogaron la salida de la corriente del río Blasillo, que descarga al río Tonalá por el poniente de ese ejido, evitando la salida de las aguas del ejido y que de manera natural escurrían al norte.

La inconformidad social contra Petróleos Mexicanos, se extiende a las poblaciones de pescadores de la costa y el litoral tabasqueño, “se han ausentado las especies de peces” a causa de derrames por la actividad de construcción de ductos y plataformas marinas en el Golfo de México, junto con la prohibición de pescar en una amplia zona de exclusión petrolera, donde no pueden navegar ni pescar.

Pero Pemex, en lugar de apoyar a los pescadores de la costa afectados por esa industria, determinó reforzar las medidas de seguridad para que la Secretaría de Marina, por lo que construyó equipó una Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima en Dos Bocas, Tabasco, para mantener alejados a los pescadores de las áreas cercanas a las plataformas petroleras ubicadas en el Golfo de México.

“Los marinos nos detienen con nuestras lanchas y nos trasladan hasta Ciudad del Carmen, donde se tiene que pagar multas, perder el tiempo y quedarnos son ingresos para alimentar a la familia”, se quejan los pescadores.

Líderes de pescadores de los municipios costeros de Cárdenas, Paraíso y Centla, Isaí Hernández López, Policarpo Gómez y Luis Cosmópulos López, señalan que es contradictorio que Pemex les den un “apoyo” de dotación de 40 litros de gasolina para sus embarcaciones pesqueras, pero en realidad es para que se retiren del área a más de 40 kilómetros mar adentro.

Comunidades pesqueras materialmente han sido impactadas, como El Bosque, Centla, donde las mujeres se quedan solas con sus hijos, pues los esposos tuvieron que migrar a las costas de Yucatán, para emplearse en barcos pesqueros, pues esa actividad en Tabasco casi está agotada, explican.

La señora Wendy Mercedes, relata que al terminarse la fuente de ingreso en las costas de Tabasco, su esposo tiene que viajar a Puerto Progreso, Yucatán para emplearse en la pesca de pulpo, durante cinco meses, y en ese lapso regresa cada mes a la comunidad de El Bosque.

 

COINCIDIENCIA DE AMLO Y EPN

En mayo del 2014, Pemex inició la aplicación del PACMA en los contratos adjudicados con todas las áreas de esa empresa del gobierno federal, con cuyo programa, supuestamente se daba cumplimiento a uno de los compromisos de campaña, firmado ante notario, del presidente Enrique Peña Nieto, el 158 en el sentido de “crear un programa de inversión por el bienestar y calidad de vida de quienes viven en zonas petroleras”.

El PACMA “se orientó a promover acciones que generaran mecanismos productivos de apoyo y obras sociales en las comunidades con operación petrolera”, afirmó Pemex.

Sin embargo, al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, le antecedieron cuatro similares mediante los cuales Pemex destino recursos con esos supuestos propósitos.

Por ejemplo, en los primeros meses de 1983, a raíz de movilizaciones de inconformidad y bloqueos de pobladores de municipios costeros de Tabasco, a raíz de daños causados por la industria petrolera en cultivos, tierras, lagunas y ríos, el entonces gobernador Enrique González Pedrero, comisionó a López Obrador levantar un censo de las principales necesidades de las poblaciones.

Como presidente del PRI estatal – en esa época ese partido casi era una dependencia gubernamental más-, el actual presidente de México, organizó y formó Comités de Desarrollo, electos por votación en cada comunidad para consultar y decidir por mayoría, las obras prioritarias a realizarse en cada poblado, según recuerda el actual líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, y expriísta Darvin González Ballina, quien participó junto con su entonces dirigente en la organización de los Comités.

En acuerdo suscrito con Pemex, se estableció el PRODECOT, con presupuesto de mil 12 millones de pesos, para las obras aprobadas en asambleas por los habitantes de 128 comunidades de los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Paraíso y Comalcalco. López Obrador clasificó todas las acciones, pero hasta allí llegó su responsabilidad, pues eludió ser el coordinador y ejecutor el programa.

En su primer Informe de Gobierno, 1983, el entonces gobernador señaló que creó ese programa pues el deterioro de las comunidades de los cuatro municipios costeros no se reducía en exclusiva a las parcelas afectadas por Pemex, sino también “se manifestaba en la marginación de los habitantes y en el deterioro de su calidad de vida”.

El PRODECOT continuó hasta 1984 con un presupuesto de mil 300 millones de pesos, y se creó también el Programa de Desarrollo de la Isla (PRODEI), para atender la zona petrolera del municipio de Centro.

Sin embargo, en mayo de 1984, se dio paso a la formación de la Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras de Tabasco (CODEZPET), con la participación del gobierno estatal, Pemex y cinco dependencias federales, con mecanismos de instrumentación para hacer posible que las actividades de la industria petrolera coadyuvaran directamente en el desarrollo estatal.

Entre los objetivos de esa Comisión, estaba supuestamente “buscar el equilibrio entre las actividades petroleras y los sectores económicos no dependientes directamente del petróleo.

Pemex hizo la primer transferencia a la CODEZPET de mil millones de pesos para invertirse en la construcción “de la mayor infraestructura caminera en el corredor petrolero” conformado desde el municipio de Paraíso a Huimanguillo. En 1985 obtuvo un presupuesto de mil 689 millones de pesos.

El 27 de mayo de 1995, se da paso a otro organismo, también para los mismos propósitos, pero con distinto nombre, la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (CIMADES), a la que se anexaron nuevas regulaciones en materia ambiental y social, e inició con 103 millones 67 mil 440 pesos.

El 23 de octubre del 2007, se elimina la CIMADES, al crearse la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del estado (SERNAPAM), con una aportación de Pemex de 318 millones 45 mil pesos, que traza el objetivo de “propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y las demás productivas del estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del estado”; y dar respuesta integral a la problemática generada por la actividad petrolera, promover el fortalecimiento de los sistemas productivos, mejoramiento del entorno ecológico y elevar la calidad de los servicios básicos que requieren las comunidades.

En un estimado del presupuesto promedio, en las tres décadas de programas sociales para “beneficiar” a las comunidades impactadas por la industria petrolera, Pemex ha destinado alrededor de diez mil millones de pesos para las comunidades tabasqueñas.

Para la investigadora de la UNACAR, más que programa de ayuda comunitaria, se requiere uno de desarrollo comunitario de carácter integral y autogestivo, “porque no vas a depender siempre de PACMA o de los programas de beneficio mutuo de Pemex o de las empresas, porque se va a acabar el petróleo”.

Solano Palacios, coautora de “Efectos de la actividad petrolera en el desarrollo regional de Tabasco y Campeche”, y con tesis de maestría “Consideraciones acerca del desarrollo sustentable para las zonas rurales afectadas por la industria petrolera en Tabasco”, considera que tendría que existir una cultura integral y de desarrollo comunitario más holístico, más autogestivo, que las comunidades tomen el control de su propio desarrollo.

“Un control por ejemplo, del medio ambiente, control de su territorio, control de su cultura, control económico, control político. El problema es que el Sistema Político Mexicano no quiere dar empoderamiento a las comunidades porque tiene miedo a que existan poderes locales”.

La académica e investigadora universitaria, señala que en lugar de efectuar obras y programas de ocurrencia y discrecionales como los del PACMA, mejor en las zonas petroleras ir hacia la industrialización y la tecnificación de los procesos productivos.

Tiene mayor importancia también impulsar un programa alimentario del PACMA, de tal modo que permita que las comunidades tengan capacidad de subsistencia alimentaria.

Por su parte, el consultor de energía y economía de Caraiva y Asociados, Ramsés Pech Razo, coincide que el PACMA debe estar adaptado a las condiciones que dictamina el estudio de impacto social en cuanto al crecimiento de la comunidad, y eso tiene que ser en coordinación con el municipio, el estado y Pemex o la compañía privada, en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), que es la responsable de presentar los estudios de impacto social.

El también Maestro en Administración por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, señala que todo se debe ceñir al estudio de impacto social de cada campo petrolero, el diagnostico debe arrojar el tipo de obra o trabajo que se necesita en la comunidad y el crecimiento que se necesita, o de que se tiene que apoyar con cierta cantidad de dinero para el desarrollo económico.

Realizar una distribución de los campos petroleros con sus respectivos estudios de impacto social, y con ese impacto social tendrá que revisarse en qué se está gastando. Porque eso tiene que ir a la comunidad, porque hay una inserción de la comunidad.

Si es un área indígena tienes que tener una consulta. Si es un ejido tiene que haber un acuerdo ejidal. Y si es un dueño tienes que tener un contrato y el contrato tiene que apalabrarse con el dueño de la asignación o quien va a perforar los pozos”.

Cada uno de estos tiene que estar ligado a un estudio de impacto social. El estudio de impacto social tiene que decir cuánta gente es letrada, cuánta es analfabeta, cuántos tienen trabajo, cuál es el tipo de mano de obra, cuántos están calificados, cuáles son técnicos y cuáles de todos esos se pueden emplear en el proyecto.

Ramsés Pech asegura que si no se puede emplear ninguno entonces se tienen que crear áreas que capaciten a estos individuos para integrarlos a la actividad económica.

Entonces, el PACMA tiene que hacer una integración para que la gente pueda tener una acción mayor a capacitarse y tener acceso a educación. Eso está en la nueva ley, es que le va a dar certeza jurídica a los inversionistas, y una parte fundamental que le va a dar la de certeza en cuanto a que las inversiones no van a tener inconvenientes.

Pero si no se apegan al estudio de impacto social, de nada servirá, porque la comunidad se enardecerá y dirá: “Yo necesito no una cancha de básquet, necesito una escuela que me capacite para ser soldador, operador; o que me capacite para ser técnico mecánico, eléctrico o algo del estilo de lo que se necesita de los proyectos que están o van a venir. Porque los proyectos no son de seis meses, son de años”.

-O sea, una cosa es dotación de las ambulancias, pero la pregunta ¿es de la comunidad o no? A ver, ¿dónde perforas el pozo, en la ciudad o en la comunidad? Una construcción de ducto, ¿dónde está, fuera o adentro?

¿A quién afecta?-, cuestiona el consultor en materia energética.

El PACMA, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, continúa operando igual que durante el gobierno de su antecesor de Enrique Peña Nieto. el actual director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, maneja los recursos con discrecionalidad, ocurrencia y sin rendición de cuentas.