MICHOACÁN (CONTRASTE POLÍTICO).-La investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, dio un nuevo rumbo con la detención de Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera su secretaria particular y una de las personas con mayor acceso a su agenda y movimientos personales.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Méndez Rodríguez habría filtrado información sensible —traslados, reuniones privadas y horarios— a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), facilitando la planeación del ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas.
Filtraciones minuto a minuto
Las indagatorias señalan que la exfuncionaria utilizaba la aplicación de mensajería cifrada Threema para compartir información en tiempo real. La precisión de los datos permitió a los agresores conocer con exactitud la ubicación del edil, lo que apunta a una traición ejecutada desde el núcleo operativo del gobierno municipal.
Poder, continuidad y silencio
Lo más grave, según fuentes oficiales, es que tras el asesinato de Manzo, Yesenia Méndez asumió durante cinco días la encargaduría del despacho del Ayuntamiento. Posteriormente, continuó como secretaria particular de la alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz, manteniendo presencia en reuniones oficiales incluso días antes de su captura.
Detención en el Palacio Municipal
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Michoacán confirmaron que la detención ocurrió el 8 de enero a las 16:05 horas dentro del propio despacho de la Presidencia Municipal, junto con un hombre cuya identidad permanece reservada.
Un caso que sacude a la política local
Esta aprehensión marca la primera captura dentro del círculo íntimo del alcalde asesinado y de su sucesora. A la fecha, también se encuentran detenidos Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como autor intelectual, así como siete escoltas del edil, investigados por presunta omisión.
El caso exhibe una infiltración profunda del crimen organizado en estructuras de gobierno local y abre un cuestionamiento severo sobre los controles de confianza, la seguridad institucional y la fragilidad del poder municipal ante la violencia criminal.
