VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) acordaron reforzar el intercambio de información para detectar y combatir las estructuras financieras relacionadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El acuerdo quedó establecido mediante un convenio de colaboración suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, y Pemex.
La estrategia busca ir más allá de la detección del robo de combustible y seguir la ruta financiera de las redes que participan en estas actividades ilícitas.

Intercambiarán información para detectar operaciones ilícitas
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los datos también podrán utilizarse para detectar posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
A cambio, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que permitan fortalecer la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con las actividades financieras de la empresa y sus filiales.
Buscan desarticular las redes del mercado ilícito
La colaboración dará continuidad a los trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde participan capacidades de inteligencia financiera y operativa.

El objetivo es identificar las estructuras económicas de las organizaciones involucradas y contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y financieras que permiten mantener el mercado ilegal de hidrocarburos.
También habrá capacitación
El convenio contempla además que ambas instituciones puedan desarrollar acciones de capacitación en análisis operativo y estratégico, con el propósito de fortalecer las capacidades de sus equipos.
La SHCP señaló que esta coordinación busca proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, así como fortalecer la detección y denuncia de posibles delitos que afecten al sector energético y al patrimonio del Estado.







