VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-El Poder Judicial de Tabasco dictó una sentencia condenatoria de 50 años de prisión y una multa de 8 mil días para Nelson “N” y Marcelino “N”, tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado, informó la institución.
La resolución fue emitida en audiencia el 12 de octubre de 2026, como parte de las acciones judiciales para combatir la impunidad y sancionar delitos que atentan contra la libertad y la seguridad de las personas.
De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2021, en el municipio de Nacajuca, cuando la víctima viajaba en motocicleta y fue interceptada por sujetos armados que la privaron de su libertad.
Posteriormente, fue trasladada a un inmueble ubicado en el municipio de Jalpa de Méndez, mientras sus familiares recibieron mensajes con amenazas y exigencias económicas a cambio de su liberación.
La víctima permaneció privada de su libertad hasta el 2 de marzo de ese año, cuando fue rescatada por elementos de la Policía de Investigación.
Sentencia por secuestro agravado
Tras el proceso judicial, el órgano jurisdiccional determinó la responsabilidad penal de Nelson “N” y Marcelino “N” en el delito de secuestro agravado, por lo que impuso a ambos una pena de 50 años de prisión y una multa de 8 mil días.
El caso se enmarca en la política institucional de Cero Impunidad, con la que el Nuevo Poder Judicial de Tabasco busca fortalecer la aplicación de la ley y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de delitos.
La sentencia también pone de relieve la intervención de las instituciones de seguridad e investigación en el rescate de la víctima, así como la actuación de los órganos jurisdiccionales para resolver el caso.
El Poder Judicial señaló que la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y administración de justicia es fundamental para hacer frente a delitos de alto impacto y avanzar en la pacificación del estado.
La resolución se suma a las acciones institucionales orientadas a sancionar los delitos que afectan a las familias tabasqueñas y a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
