VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-El temor de terminar en una prisión de Estados Unidos llevó a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como presunto líder de La Barredora, a buscar protección de la justicia mexicana ante una posible extradición; sin embargo, su intento de blindarse legalmente recibió un nuevo revés: un tribunal federal declaró infundado el recurso promovido por su defensa.
El exfuncionario, quien formó parte del gabinete del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, intentó anticiparse a un eventual traslado a territorio estadounidense mediante un juicio de amparo. Su preocupación, según quedó asentado en los antecedentes judiciales, surgió después de que presuntamente custodios del penal federal del Altiplano le comentaran que sería enviado a Estados Unidos porque existía una orden de extradición en su contra.

A partir de ese temor, su defensa acudió a los tribunales para intentar obtener protección constitucional y evitar que pudiera concretarse un traslado que, hasta ahora, no ha sido acreditado mediante una orden formal.
Pero la estrategia no prosperó.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró infundado el recurso de queja 127/2026, promovido contra el desechamiento de su demanda de amparo, al determinar que no existían elementos suficientes para considerar inminente una posible extradición.
La resolución fue aprobada por unanimidad de votos durante la sesión ordinaria virtual del 22 de octubre de 2026, por los magistrados Alma Jeanina Córdoba Díaz, José Nieves Luna Castro y Ricardo Garduño Pasten.
EL MIEDO A QUE LO TRASLADEN A ESTADOS UNIDOS
El origen de esta batalla judicial se encuentra en la demanda presentada en marzo de este año, cuando Bermúdez Requena, desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, buscó protección ante la posibilidad de ser trasladado a territorio estadounidense.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, el exsecretario argumentó que el 5 de marzo custodios del penal le habrían comentado que sería enviado a Estados Unidos porque supuestamente existía una orden de extradición en su contra.
Además, utilizó publicaciones periodísticas para respaldar su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades mexicanas ejecutaran un traslado.
Sin embargo, el problema para su defensa fue que no pudo acreditar la existencia de una orden formal de extradición ni elementos objetivos que demostraran que ese escenario estuviera próximo a concretarse.
El juzgado de Distrito consideró que se trataba de un acto futuro e incierto y desechó la demanda. La defensa insistió mediante un recurso de queja, pero tampoco consiguió revertir la decisión.
MAGISTRADOS LE CIERRAN LA PUERTA AL AMPARO
En su resolución, los magistrados establecieron que el juicio de amparo no puede utilizarse como una medida preventiva frente a cualquier posibilidad, rumor o temor de que una autoridad pudiera actuar en el futuro.

El documento judicial establece que para considerar procedente la protección constitucional deben existir datos que permitan acreditar que el acto reclamado es inminente y no solamente una posibilidad.
En una de las consideraciones centrales, el tribunal fue contundente:
«El juicio de amparo es de protección ante actos existentes o inminentes potencialmente violatorios de derechos y no ante suposiciones, conjeturas, rumores o temores de que un determinado acto puede imposibilitar apriorísticamente que las autoridades emitan legalmente los actos correspondientes a sus atribuciones».
Los magistrados también señalaron que conceder un amparo bajo esas circunstancias desnaturalizaría la finalidad de este recurso constitucional, al convertirlo en una herramienta para prevenir actos que ni siquiera han ocurrido.
Por ello, concluyeron que los argumentos de la defensa no eran suficientes para acreditar la inminencia de la extradición.
En el apartado resolutivo de la queja 127/2026, el tribunal estableció expresamente:
«ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja».
Con esta determinación, quedó confirmado el desechamiento del amparo y se ordenó archivar el expediente como asunto concluido.







