VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-En Tabasco soplan nuevos vientos en el sector transporte. O al menos ese es el mensaje que busca consolidar el Gobierno del Pueblo. Bajo la consigna de garantizar un servicio seguro, eficiente y digno para los tabasqueños, la administración encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez apuesta a un rediseño institucional que, según sus propios funcionarios, está cambiando la relación histórica —y muchas veces conflictiva— con los concesionarios.
El secretario de Movilidad, Rafael Elías Sánchez Cabrales, lo resume así: “Hoy se vive una nueva relación de cordialidad y respeto”. Su declaración es políticamente significativa. Durante años, el sector transporte ha sido campo minado de tensiones, intereses particulares, presiones gremiales y rezagos administrativos. Anunciar que ese capítulo quedó atrás es una afirmación que implica asumir el reto de sostenerla con hechos.
La entrega de prórrogas: un gesto político y un mensaje al gremio
El próximo 20 de noviembre, la Secretaría de Movilidad entregará prórrogas de concesión y permisos a transportistas de todo el estado. Detrás del acto protocolario hay un mensaje político claro: el gobierno quiere orden, quiere reglas y quiere que el sector avance sin privilegios ni discrecionalidad.
Según el titular de la dependencia, más de 100 transportistas participaron en el proceso de renovación que marca la ley. Esto, dentro de un universo de 14 mil unidades que operan en Tabasco y que deberán regularizar su situación para el periodo 2025-2035.
No es solo burocracia: es control del sistema, es vigilancia, es poner fin al desorden que durante décadas permitió que circularan unidades sin papeles, sin permisos y sin responsabilidad jurídica.
‘Ponte al corriente Choco’: un alivio que también es estrategia
Uno de los puntos más llamativos es la inclusión del transporte público en el programa fiscal “Ponte al corriente Choco”, una medida que históricamente beneficiaba solo a particulares.
Transportistas con deudas de 10 mil o 12 mil pesos hoy pagan apenas el 20% de su adeudo. Un gesto que el secretario define como “histórico”. Pero también es un movimiento político inteligente: regularizar a miles de transportistas significa incorporar al sistema a quienes antes operaban en la informalidad, fortalecer su lealtad al gobierno y abrir una ruta de ordenamiento sin confrontaciones.
El impacto es doble: se apacigua la relación con el gremio y se acelera la modernización del transporte.
Tecnología, seguridad y la apuesta por el control ciudadano
Otro elemento clave es la aplicación “Quéjate Movilidad”, que permite denunciar unidades, dar seguimiento a viajes, enviar texto o foto e incluso compartir ubicación.
La frase del secretario es contundente: “No hay mejor contralor que el pueblo”.
Es una declaración que encaja con el discurso de transparencia del Gobierno del Pueblo, pero también es una herramienta estratégica: el ciudadano se convierte en vigilante, la dependencia en receptora y el transportista en obligado a cumplir.
Además, hay un convenio con la SSPC y la FGE para agilizar investigaciones en las que estén involucradas unidades del transporte. Una medida necesaria en un estado donde la seguridad de los pasajeros no es un tema menor.
Motocarros: una deuda histórica que por fin se atendió
Quizá el dato más contundente es la regularización de más de 2 mil motocarros en menos de un año, casi la misma cifra que se regularizó entre 2012 y 2016.
La medida trajo cambios profundos:
-
ahora deben ser operados por su propietario,
-
cuentan con seguro del viajero,
-
los conductores están plenamente identificados,
-
las unidades llevan licencia, gafete y código QR,
-
y una cromática por región.
Se frenó el crecimiento desmedido. Y quedó claro que quien no cumpla, enfrentará la Ley.
La transformación sobre ruedas
Los números lo refuerzan:
-
19,415 trámites realizados (+78.6%)
-
10 mil inspecciones
-
1,250 infracciones
-
84% más capacitaciones, con 317 cursos para más de 9 mil conductores
El discurso del secretario de Movilidad no es solo informativo: es político. La administración de Javier May quiere que el transporte se convierta en una bandera de transformación social, un instrumento para recuperar la confianza ciudadana y un ejemplo de cómo gobernar con reglas claras.
Aún falta mucho camino. Pero por primera vez en muchos años, el sector parece estar avanzando en una ruta ordenada, vigilada y con metas claras. Y en Tabasco, donde el transporte es una necesidad diaria y un termómetro político, eso no es poca cosa.
