VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-Mientras buena parte de la clase política tabasqueña pasó el fin de semana ocupada en demostrar lealtades, arropar a la presidenta Claudia Sheinbaum y posicionarse rumbo a las próximas batallas electorales, en Huimanguillo surgió un episodio que merece atención por lo que representa para la libertad de expresión.
La protagonista es la alcaldesa Mari Luz Velázquez Jiménez, quien hoy enfrenta un señalamiento delicado que, más allá de cualquier resolución legal futura, ya tiene un costo político evidente.
De acuerdo con el periodista Marco Xavier Flores Verduzco, conductor del programa Denuncia Ciudadana, la alcaldesa de Huimanguillo habría cruzado una línea que ningún servidor público debería rebasar.
El comunicador denunció que, tras la difusión de señalamientos ciudadanos sobre su administración, fue presuntamente amenazado e intimidado por la propia edil, quien, según relata, acudió acompañada de su equipo de seguridad.
Ante la gravedad de los hechos, aseguró haber presentado denuncias ante diversas instancias y organismos autónomos, pues teme que cualquier represalia pueda afectar no sólo su integridad física, sino también la de su familia y la de quienes colaboran en su proyecto informativo.
Gobernar implica escuchar aplausos, pero también cuestionamientos. Implica enfrentar señalamientos, responder acusaciones y rendir cuentas todos los días. Lo que no implica es entrar en confrontación directa con quienes ejercen el periodismo o sirven como vehículo para que la ciudadanía exprese sus inconformidades.
Si una autoridad considera falsa una información, existen mecanismos legales, institucionales y públicos para responder. Lo que nunca ayuda es alimentar la percepción de intolerancia.
Y ahí radica el verdadero problema para Mari Luz Velázquez, quien hizo uso de su poder para tratar de intimidar aún comunicador que sólo transmite el sentir del pueblo.
Mari Luz Velázquez todavía tiene tiempo para corregir el rumbo. Al final, los gobiernos pasan. Los cargos terminan. Las campañas se acaban. Pero la relación de un gobernante con la libertad de expresión termina convirtiéndose en parte de su legado político.
