VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).—Un comerciante que como “paracaidista” mantenía invadido y lucraba con un terreno propiedad del gobierno del estado, en La Choca, tuvo que ser desalojado, pues el predio fue licitado, vendido y entregado al nuevo propietario.
Hasta ahora, se ignora si se procederá legalmente contra la persona que durante varios años usufructuó ilegalmente con ese terreno al que denominó “La Antojería Food Park”, donde incluso incurrió en el delito de despojo.
La persona que lucraba con el inmueble gubernamental, Adán Caraveo Carvalho, obtuvo beneficios económicos varios años, pues le rentaba a unas 100 personas, los lotes en que había dividido el predio. Incluso, con el apoyo del diputado expriista y ahora de Movimiento Ciudadano, Erubiel Alonso, pretendía convertir en asunto político, el ilícito en que incurrió.
El ilícito está tipificado como despojo de inmueble en el Código Penal Federal, que puede derivar en penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas para quienes lo cometan.
No solo implica la ocupación ilegal de inmuebles, sino que también puede incluir actos de violencia, amenazas o falsificación de documentos para justificar la posesión indebida de una propiedad.
El artículo 395 del Código Penal Federal establece que el despojo de inmuebles es un delito patrimonial que ocurre cuando una persona o grupo se apropia de una propiedad privada sin autorización del dueño
El Gobierno del Estado de Tabasco informó que las acciones emprendidas para el resguardo del inmueble conocido como Gimnasio La Choca, donde actualmente se ubica el denominado parque gastronómico “La Antojería Food Park”, se realizan en estricto apego a la ley y en ejercicio de las facultades que corresponden al Estado como legítimo propietario del predio.
El inmueble forma parte del patrimonio estatal desde 1978 y su enajenación fue autorizada por el H. Congreso del Estado mediante el Decreto 259, publicado en el Periódico Oficial del Estado.
En cumplimiento de dicho mandato, la Secretaría de Administración y Finanzas llevó a cabo un procedimiento de licitación pública transparente, abierto y conforme a la legislación aplicable.
Es importante precisar que la ocupación de los espacios comerciales existentes en el predio derivó de un permiso de uso temporal que, a la fecha, se encuentra vencido y nunca generó derechos de propiedad, posesión o permanencia sobre el inmueble.
En consecuencia, el Estado se encuentra plenamente facultado para recuperar este bien público.
Las acciones emprendidas por el Gobierno tienen como propósito restituir la legalidad sobre un bien público y dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes.
La responsabilidad jurídica ante empresarios que de buena fe realizaron inversiones y desarrollaron sus actividades comerciales en el lugar corresponde a quienes, sin ser propietarios ni tener facultades legales para ello, celebraron acuerdos y lucraron con el uso de un inmueble que es propiedad del Estado.
El Gobierno del Estado de Tabasco reitera su compromiso con el Estado de Derecho, la protección del patrimonio público, la transparencia en sus actuaciones y el respeto a los derechos de todas las personas, privilegiando en todo momento el diálogo institucional y el cumplimiento de la ley.
