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!El INAI debe quedarse!

 

José Manuel Arias Rodríguez*

*Investigador de pies descalzo

 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra tras la cabeza del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), «por reservar información y representar un gasto innecesario».

Esta posición presidencial no corresponde a la realidad y solo demuestra un desconocimiento del trabajo que realiza el organismo federal.

Los que durante años hemos hecho uso del derecho a la información, tenemos otros datos. Datos que vale la pena compartir desde el estado del sureste mexicano que fue el último en aprobar su ley estatal de transparencia y en donde el órgano garante federal ha jugado un papel muy importante a favor de la sociedad para develar información que de otra manera simplemente sería imposible.

Todo comienza con la aprobación de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Congreso de la Unión en los primeros años del sexenio de Vicente Fox, misma que fue el resultando de décadas de esfuerzo entre académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, interesados en conocer el uso de los recursos públicos en una etapa en la que en México era imposible saber cuánto ganaba el Presidente de República, por citar un ejemplo.

La recién creada ley federal parió lo que fue el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, el IFAI, un organismo especializado en el derecho a la información integrado por consejeros.

En Tabasco nadie creía que la Ley Federal de Transparencia funcionara, mientras para otros, los menos, la administración de Fox nunca supo lo que había hecho cuando publicó la ley.

En el caso de la Asociación Ecológica Santo Tomás, en Tabasco quizás la organización civil con más experiencia en la materia, la primera solicitud de información que realizaron fue sobre algunos permisos pesqueros entregados de forma sorpresiva en la entidad, a pesar de que en el discurso oficial “ya no se otorgaban” por falta de espacio para realizar dicha actividad economica.

Ante la negativa de la dependencia federal a entregar la información solicitada, interpusieron un recurso de revisión esperando ver qué resultados obtenían.
La sorpresa -e invitación a seguir con el uso de la ley- fue cuando recibieron la llamada telefónica del entonces comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero Amparan, preguntando sobre el contexto de la solicitud no contestada de forma adecuada; escuchar que buscaba elementos para exigir que la dependencia entregara la información les hizo pensar que estaban en el camino correcto.

Fue el inicio de una experiencia que hoy acumula decenas de miles de solicitudes de información en las que han acudido a los órganos garantes del estado y la federación cuando una dependencia niega la información que es pública y que ha pasado por el monitoreo de los recursos públicos entregados por PEMEX a terceros vía donativos y donaciones, en la que se demostró que el interés de la petrolera mexicana en detonar el desarrollo en las comunidades donde extrae oro negro, era mentira.

OPACIDAD DE PEMEX Y GOBIERNO DE TABASCO.


Los recursos fluían a los estados que más presión política realizaban, convirtiendo a Tabasco en la entidad que más dineros ejerció de estos envíos, en los gobiernos de Roberto Madrazo, Manuel Andrade Diaz y Andrés Granier Melo.

El trabajo se hizo enteramente con el apoyo del IFAI ante la renuencia de PEMEX a entregar los informes solicitados, y ante la falta de una ley estatal en la materia.

Como resultado de ello, PEMEX modificó las reglas de operación para la entrega de los recursos y se invitó a comparecer a la titular de la dependencia estatal que manejaba dichos recursos, la extinta CIMADES, ante una comisión especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

A esta investigación siguió el monitoreo del acuerdo intersecretarial 117 que prohibió la pesca cerca de las plataformas petroleras ante los ataques del 11 de septiembre del año 2001, con ello cualquier embarcación no petrolera era un potencial terrorista.

Nuevamente el IFAI aseguró que los investigadores pudieran acceder a la información en manos de PEMEX, la SAGARPA, la SCT y la Marina.
Mientras que, en los recursos del FONDEN a Tabasco, el IFAI, nuevamente jugó un papel importante para lograr conocer el uso de los recursos públicos que la federación aplicó en Tabasco después de las inundaciones del año 2007 y los que aplicó el gobierno del estado.

En Tabasco, a pesar de la presentación de recursos legales, que se ganaron, solo se logró documentar el uso de 900 millones de pesos para obras que rompían las reglas de operación del FONDEN, a pesar de que los resultados se enviaron a las dependencias federales y al Congreso del estado pidiendo una auditoria especial, de esta última no se molestó en responder.

EL IFAI también intervino cuando la CONAGUA negó las actas del comité de presas del rio Grijalva relacionadas con la inundación del año 2010 y ayudo a evidenciar la falta de seriedad los gobiernos estatales y federales con un Plan Hídrico contra inundaciones que no existía en esos días, pero que ya aplicaba recursos.

El derecho a la información, garantizado por el hoy incomodo INAI, está permitiendo conocer las decisiones sobre el manejo de las presas durante el año 2020 cuando Tabasco se fue al agua en dos ocasiones en menos de un mes.

TRANSPARENCIA CONTRA CORRUPCIÓN

Con esto se puede afirmar que el derecho a la información ha estado garantizado en México por el organismo federal. Las anteriores administraciones emanadas del PAN y del PRI “aguantaron vara” cuando se les evidencio el mal uso de recursos, desde el “toallagate” de Vicente Fox pasando por las tangas pagadas por PROVIDA hasta llegar a los escándalos de la Estafa Maestra -de la cual en Tabasco uno de los involucrados se autoexoneró-; lo que señala la necesidad de aceitar esa última parte de la rendición de cuentas en México, la de las sanciones o reconocimiento, dependiendo cómo se estén haciendo las cosas.

Esto hace inexplicable que un gobierno de izquierda busque desaparecer al área que trabaja bien, a menos que sus razones de fondo sean otras, lo que tampoco se explicaría en un estado democrático.

El IFAI y ahora INAI, ha coadyuvado con el combate a la corrupción en Tabasco. El problema no es el acceso a la información, esa vertiente funciona muy bien; es lo que sigue lo que hay que mejorar.

Por lo tanto, cuando el Presidente de México señala que el INAI sólo ha servido para reservar información delicada, muestra un desconocimiento del trabajo que realiza el órgano garante. El INAI no niega ni reserva la información por la sencilla razón de que no la tiene, son las dependencias que la generan las que resguardan dicha información.

El andamiaje legal construido para garantizar el derecho a la información en México es resultado de un proceso de años de lucha en la que han participado académicos, periodistas, legisladores y organizaciones de la sociedad civil; no es una dádiva entregada por el gobierno y menos por la actual administración.

El trabajo del INAI puede mejorarse. Desaparecerlo para trasladar su función a una dependencia del Poder Ejecutivo no es la respuesta. El mandatario federal debe repensar.

 

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