20/01/2022
VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).- Lo que un ranchero dedica y invierte en medicamentos, pastura, cercas, jornales y otros gastos, durante dos años, para obtener una cabeza de res de 230 kilos en promedio, un ladrón de ganado, obtiene en minutos unos nueve mil pesos por cada novillona hurtada y malbaratada.
Don Artemio perdió lo que durante al menos dos años dedicó e invirtió en cuidados y atención de sus vacas, luego que integrantes de bandas de abigeos motorizados arribaron al potrero para hurtar el ganado bovino.
Al igual que al potrero de Don “Temo”, ubicado en el municipio de Nacajuca, el resto de ganaderos tabasqueños son víctimas de ladrones de ganado.
Los cuatreros llegan por la noche cuando los caminos que conducen a los ranchos lucen solitarios y los vaqueros y propietarios se encuentran en sus domicilios, lejos de donde descansan los hatos.
En Tabasco ha florecido la “industria del abigeato”, sin que hasta ahora las autoridades demuestren interés –como con la mayoría de otros ilícitos – por controlar ni mucho menos erradicarlo.
Los “robavacas” actúan con impunidad en esta entidad que registra el primer lugar en el ranking nacional, a pesar de que la superficie de praderas es mucho menor en comparación con entidades del país con mayores extensiones dedicadas a la ganadería.
Esa deshonrosa posición en el delito de abigeato que tiene Tabasco, es proporcional a la impotencia de rancheros que la mayoría de las veces ni siquiera denuncian, pues tanto las leyes como las autoridades están en sus contra.
El ilícito sigue imparable, pues apenas el 17 de enero pasado, en Campeche patrullas de la Guardia Nacional Carreteras, detectó y detuvo un camión tipo caja refrigerada y a su conductor, que transportaba carne de ganado, amparada en una guía de movilización falsa, originada en Huimanguillo.
El caso fue expuesto en la reunión de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, presidida por la gobernadora Layda Sansores San Román, y donde se dio el reporte de la Guardia Nacional sobre la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial del vehículo tipo caja refrigerada, y a su conductor, que con documentación falsa trasladaba el producto del robo de ganado.
Sansores San Román, solicitó dar seguimiento al caso, «porque los ganaderos han sido muy lastimados con el abigeato, y también para ver la posibilidad de regresar el producto a sus dueños o donarlo a casas hogar».
“Lo primero que nos pide el personal de la Fiscalía General del estado, cuando acudimos a denunciar el robo de nuestro ganado, es que les presentemos dos testigos para que puedan iniciar la Carpeta de Investigación. Nadie está a la hora de los hurtos, cómo quieren testimonios”, expone don Artemio, un pequeño productor del municipio de Nacajuca, que al igual que todo el territorio estatal es atacado por una plaga de ladrones de ganado.
Hasta noviembre del año que finaliza, se habían iniciado 507 Carpetas de Investigación “sin violencia” por robo de ganado, que representó el 15.2 por ciento de las 3,319 indagatorias registradas a nivel nacional.
La entidad ocupa el primer lugar en las estadísticas por este delito, por arriba de Veracruz con 428 Carpetas de Investigación; San Luis Potosí con 227 CI; Estado de México, 220 CI; Guanajuato, con 168 CI y Chihuahua, 159 Carpetas de Investigación por abigeato, así en orden descendente el resto de las entidades.
En los últimos siete años, se ha mantenido el mismo porcentaje de Carpetas de Investigación iniciadas por la Fiscalía, según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En el 2020, se iniciaron 676 Carpetas de Investigación por robo de ganado. El 16.3 por ciento de las indagatorias a nivel nacional. En 2019, fueron 849 CI. El 15.7 por ciento de los casos a nivel nacional.
En el 2018, productores tabasqueños de bovinos presentaron 1,179 denuncias; el 20.5 por ciento nacional. En 2017 fueron 642 CI; 10.6 por ciento nacional. En 2016 se registraron 1,073 denuncias, el 15 por ciento nacional. Y en 2015, se suscitaron 1,172 robos de semovientes: el 13.8 por ciento nacional.
COMPLICIDAD DE POLICÍAS CON LOS CUATREROS.
Don Temo –nombre ficticio del ganadero que lo solicita por su seguridad-, afirma que en Nacajuca, tienen identificada a la banda que se solaza con el robo de sus ranchos, y que se han organizado para velarlos y capturarlos, pues sólo de esa manera podrán llevarlos ante la justicia.
Revela que incluso el jefe de los cuatreros es un abogado, en cuyo patio de su casa en una ocasión rescataron unos becerros, y que el ganadero fue intimidado por el “jurista” de interponer una denuncia en su contra por diversos delitos, por lo que optó por no acudir ante la Fiscalía.
Además, comúnmente los productores que son victima de los ladrones de ganado, se abstienen de interponer querellas penales, pues lo primero que les pide el Ministerio Público para iniciar una Carpeta de Investigación, es la presentación de dos testigos presenciales del hecho, lo cual difícilmente pueden aportar.
Recuerda que en una ocasión, cuando un ganadero que sufrió el hurto de sus vacas y dio pormenores de los cuatreros, los mismos policías de la Fiscalía lo llevaron hasta el corral donde mantenían a sus animales.
“Allí están puede llevarse sus vacas les dijeron”. Fue “un claro ejemplo de las autoridades están coludidas en el ilícito”, afirma.
Aunque el Código Penal establece sanción con prisión de uno a seis años y de cincuenta a cien días multa, a conductas como movilizar especies pecuarias mayores o menores, con restricciones sanitarias y sin autorización legal, dentro del Estado; transportar o movilizar ganado en el horario comprendido entre las 18:00 y las 06:00 horas, sin causa justificada; las bandas de abigeos se pasan por alto cualquier disposición y actúan con impunidad.
También utilizan guías de tránsito o documentación de movilización sin cumplir los requisitos legales; falsifican certificados zoosanitarios de movilización y dispositivos de identificación individual de especies las pecuarias, conocidos como los aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), colocados en las orejas de los semovientes para, entre otros objetivos, combatir abigeato y contrabando.
Los principales gastos –que impactan mayormente a los pequeños productores pecuarios -, son colocación de cercas, pago de jornales, desparasitación, desgarrapatización, pastura, entre otros, que se recupera hasta que el animal tiene dos años para venderlo en un promedio de nueve mil pesos.
En Tabasco el robo de ganado se agudizó a raíz del paulatino y total cierre del Frigorífico y Empacadora Tipo Inspección Federal de la Unión Ganadera Regional, donde se entregaban y sacrificaban las reses, para su comercialización en canal y cortes, en todo el estado y el resto del país.
PIDEN MÁS SANCIONES Y TOLERANCIA CERO AL ABIGEATO
El diputado de Morena, Luis Roberto Salinas Falcón asegura que existe preocupación en el gremio ganadero por el incremento en la incidencia del delito de abigeato, y por ello pidió combatirlo frontalmente pues impacta a la economía estatal “y en la soberanía e inocuidad alimentaria y la estabilidad del sector pecuario” de Tabasco.
La comisión de este delito representan “pérdidas que van por encima de los 700 millones de pesos al año, generando un grave riesgo para la sustentabilidad de la actividad”, estimó el también productor de semovientes.
Salinas Falcón, diputado por los municipios de Macuspana, Tacotalpa y Jalapa –donde se ubica su Rancho El Dorado, copropiedad familiar, dedicado a la cría de ganado de la raza Brahman Rojo y Gris, con venta de semen, embriones, sementales y donadoras–, presentó una iniciativa el 1 de noviembre pasado, para reformar el Código Penal.
El diputado de Morena, cuyo gobierno en Tabasco lleva tres años sin lograr resultados contra las bandas de ladrones de vacas, pidió dotar a Fiscales y Jueces, “del marco jurídico adecuado y suficiente para combatir el abigeato que siente las bases para la configuración de una política criminológica dirigida a generar “tolerancia cero” en todas sus manifestaciones de ese ilícito.
Dijo que se debe impedir que los imputados por robo de ganado, obtengan beneficios procesales dirigidos a obtener su libertad con facilidad, como el evitar el acceso al Acuerdo Reparatorio –previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales -, celebrados entre víctima y el infractor, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control, tiene como efecto la extinción de la acción penal.
El ganadero y legislador explica que al estar clasificado el abigeato como Delito Patrimonial en el Código Penal, le permite a los delincuentes acceder al Acuerdo Reparatorio establecido en la Ley, “pues por lógica” optarán por la salida alterna antes que enfrentar una condena material, “produciéndose así la imposibilidad de dictar penas a quienes cometen el delito de abigeato”.
El Acuerdo Reparatorio depende de la voluntad del ofendido, quien por temor y la presión que ejercen las bandas de delincuentes les otorga ese beneficio legal. Esa “facilidad de acceder a esos acuerdos se convierte en un incentivo para el delincuente y ello implica la imposibilidad de dictarles condenas y en consecuencia se estimula la continuidad de la actividad delictiva”.
Salinas Falcón expuso que la reparación del daño no es suficiente en el delito de abigeato pues es un ilícito de naturaleza furtiva, principalmente en las noches, que dificulta detectarlo y prevenirlo con prontitud para ejercer acciones eficaces.
“El ganadero en el mejor de los casos, detecta el robo del ganado, al día siguiente cuando realiza su conteo, para ese entonces, las cabezas de ganado se encuentran a varios kilómetros de su origen, y en la mayoría de los casos ya están sacrificados y procesados para su venta en canal”.
Son pocas las ocasiones que los abigeos son aprehendidos, y se estima que por cada 20 hurtos de semovientes, sólo existe un detenido por ese ilícito.
“Por cada cabeza de ganado pagada por reparación de daño, existirán 20 o más perdidas, lo que revela la insuficiencia de la reparación del daño como consecuencia para inhibir el robo de vacas”.
Por ello, el también economista por el ITESM, propuso en su iniciativa de reforma, el eliminar del Código Penal de Tabasco, el abigeato como delito patrominal, y crear e incluir ese ilícito en el nuevo “Título Delitos Contra la Producción Pecuaria”.
Allí se incluiría, en el que no se limite a la pérdida de un animal, sino que constituya “afectar años de trabajo de selección genética, alterar la continuidad de los ciclos de producción y reproducción, afectar la disponibilidad de los productos, y alterar la salud pública, pues el sacrificio y comercialización de los productos, se hace de manera clandestina y en condiciones de insalubridad, además de que quienes cometen el delito no distinguen entre animales enfermos y sanos.
