VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).- Para evitar transparentar las razones del endeudamiento bancario en que incurrieron cada año, tanto el gobernador con licencia, como su sustituto, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, respectivamente, siempre al quedarse sin presupuesto por inexplicables razones, recurrieron a la figura legal de empréstitos de “corto plazo” pagaderos a un plazo máximo de un año.
La Ley de Deuda Pública del estado de Tabasco, establece que el Ejecutivo puede pedir créditos bancarios de “corto plazo” sin necesidad de autorización de las dos terceras partes de la Legislatura, como en el caso que se pida un mayor tiempo para pagar.
En este sexenio morenista, iniciado con Adán Augusto López Hernández y continuado por el actual mandatario Carlos Manuel Merino Campos, se aprovecharon de esa figura legal para cada año contratar deuda bancaria, un promedio de mil 900 millones de pesos anuales, utilizados para cubrir necesidades de “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.
Solo cayeron en el círculo de prestar, pagar y prestar nuevamente. Se burlaron del Congreso local y de los tabasqueños en particular, a quienes nunca les explicaron las razones por las que tenían que recurrir a préstamos bancarios y luego tampoco transparentaban en qué utilizaban esos recursos.
Por ejemplo, en este año 2023, el gobierno de Tabasco, a partir de julio, se le empiezan a vencer los plazos para el pago de 11 empréstitos de “corto plazo” contratados con cinco bancos privados, cuya deuda asciende a mil 624 millones de pesos, según el reporte de la lista de “Financiamientos y Obligaciones Inscritos en el Registro Público Único” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Aunque fueron préstamos bancarios solicitados para pagar en menos de un año, en realidad esos endeudamientos se efectuaron durante cuatro años consecutivos, con lo que superaron el periodo del “corto plazo”.
El Artículo 8 bis señala que el Ejecutivo del Estado deberá contar con la autorización del Congreso del Estado “para llevar a cabo la contratación de Financiamientos y Obligaciones cuya vigencia sea mayor de un año”.
Al recurrir a la figura legal que les quitó la obligación de pedir autorización del Congreso local, incumplieron con la transparencia que exige también el Artículo 8 bis de la Ley, como el conocer el “destino de los recursos” y en su caso, la fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u Obligación.
El saldo del adeudo distribuido con cinco bancos asciende a mil 624 millones de pesos, y fueron contratados a corto plazo –máximo un año – para evitar pedir la autorización del Congreso del estado, pues cuando es mayor a ese plazo, la Ley de Deuda Pública del estado exige la aprobación del poder legislativo, previa explicación del Ejecutivo local.
Según los créditos que obtuvo el gobierno estatal que aparecen en lista “Financiamientos y Obligaciones Inscritos en el Registro Público Único” de la SHCP, tampoco cumplieron con la Ley, en la que se señala la contratación de las Obligaciones a corto plazo deben realizarse “bajo mejores condiciones de mercado”, y para ello se “deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras”.
En los empréstitos obtenidos con cinco bancos diferentes, el gobierno del estado sólo dio grandes ganancias a las instituciones financieras con el cobro de tasas de interés por los créditos que otorgaron durante estos cinco años consecutivos.
Las autoridades de Tabasco contrataron a “tasas efectivas” disimbolas, que van de los 11.23 por ciento y 11.14 por ciento con HSBC, por ejemplo; tres de Santander de 9.37 por ciento, 10.86 por ciento y 10.79 por ciento; dos de Bancomer con 8.63 por ciento y 10.14 por ciento; con Banorte, por 9.82 por ciento; y con Scotiabank, a 11.20 por ciento.
Hasta la fecha, nadie conoce específicamente para qué se utilizaron esos recursos de los empréstitos en que incurrieron López Hernández y Merino Campos, al recurrir al financiamiento bancario de corto plazo año con año, con lo que evadieron solicitar la autorización del Congreso del estado, peticiones en los que obligatoriamente rendiría un informe y explicación detallada sobre ese déficit presupuestal registrado del gobierno y que los llevaba a recurrir al endeudamiento privado.
De pretender recurrir nuevamente a empréstitos de corto plazo, el gobernador de Tabasco sólo podrá contratar y liquidarlos con vencimiento al 30 de junio del 2024, pues la Ley de Deuda Pública del estado, establece que deberán “quedar totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración estatal”, cuya fecha fatal es hasta el 30 de septiembre. O deberá solicitar al Congreso la autorización de contratación de deuda de largo plazo.
En el Congreso local, el gobernador no tendría obstáculo para que le autorizaran contratar créditos de largo plazo, pues cuenta con los votos suficientes para su aprobación, con la mayoría absoluta de los 21 diputados de Morena, más los tres votos de la fracción del PVEM, y con ello sumar los 24 sufragios de las dos terceras partes que exige la Ley.
Los Contratos de Crédito Simple Quirografario con los bancos Scotiabank Inverlat, Santander, BBVA México, HSBC y Banorte, “préstamos obtenidos en el ejercicio 2022. La desagregación por vencimiento es de 180 a 365 días y su factibilidad de pago es de 100 por ciento”, se asegura en el informe sobre Evolución de las Finanzas de la hacienda Pública Estatal del segundo trimestre del 2023, elaborado por la Secretaría de Finanzas del estado.
Respecto a la Deuda Pública a Largo Plazo de Tabasco también con cinco bancos – contratados por los gobiernos del priísta Andrés Granier y el perredista Arturo Nuñez–, para liquidarse totalmente hasta el año 2034, actualmente asciende a cinco mil 540 millones 334 mil 818 pesos, y que la SHCP paga directamente con la afectación del 24.3 por ciento de la afectación de las participaciones federales que le corresponden a la entidad.
El pasado sábado 8, en un mitin que encabezó en la ciudad de Cárdenas, acompañado de líderes petroleros, Adán Augusto López Hernández negó que en su paso por el gobierno del estado haya recurrido a endeudamiento, a pesar de las evidencias publicadas por la SHCP.
También recurrió a la mentira al señalar que abonó a la deuda pública y que por ello disminuyó, cuando en realidad esos empréstitos fueron contratados para que la SHCP retenga el 24 por ciento de las participaciones federales y los transfiera a los bancos que otorgaron ese crédito, sea él o cualquiera el gobernador de Tabasco.
LAS FINANZAS ESTATALES BAJO LA OPACIDAD DE MORENA
Ni Adán Augusto ni el Capitán Merino dieron explicaciones sobre las razones que los llevaron a endeudar a los tabasqueños para tapar el hoyo presupuestal en que cayeron, y que en el Registro Único d la SHCP en el rubro de Destino solo aparece la frase de que fueron para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.
Ni en el Congreso del estado cuestionaron los motivos sobre esos millonarios prestamos y su destino. Ningún “legislador” de oposición de las bancadas del PRI, PRD, PVEM, MC.
En la opinión pública de Tabasco prevalece la versión sobre la complicidad pactada que tienen los integrantes del Congreso del estado, hacia todo lo que representa el gobernador con licencia, Adán Augusto López Hernández y su sustituto.
Claro, tampoco los 21 diputados de la fracción mayoritaria oficialista de Morena, se atrevieron a exigirle cuentas al gobernador en turno sobre los empréstitos.
Entre las deudas con instituciones financieras, contratadas durante el 2022, a “corto plazo”, del gobierno de Tabasco, según Financiamientos y Obligaciones Inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentra uno con el Banco HSBC, firmado el 25 de noviembre del 2022 y con vencimiento al 20 de septiembre de este año, por un monto original contratado por 270 millones de pesos, que a la fecha registra un saldo de 189 millones de pesos, con intereses y comisiones incluidos.
También solicitaron un crédito a “corto plazo” para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, con Scotiabank, contratado el 25 de noviembre del pasado por un monto de 300 millones de pesos, pero que actualmente registra un saldo de 210 millones de pesos. También tiene fecha de vencimiento el 20 de septiembre próximo.
Otra deuda a corto plazo fue contratada por Adán Augusto-Capitán Merino, fue el 22 de octubre del año pasado con Banco Santander, por la cantidad de 400 millones de pesos y a la fecha tiene un saldo 260 millones de pesos, que se vence el 17 de septiembre próximo
Con Banco HSBC, el gobierno de Tabasco contrató el 22 de noviembre del 2022, tres días antes de otro empréstito por 300 millones de pesos, que a la fecha tiene un saldo de 210 millones de pesos, y cuyo contrato vence el 17 de septiembre próximo. También con el mismo pretexto de “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.
Con el Banco BBVA Bancomer, el 9 de noviembre del 2022, el gobierno tabasqueño pidió un crédito por 330 millones de pesos, que actualmente tiene un saldo de 165 millones de pesos que vence el 4 de septiembre. Igual dijeron que lo utilizarían para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.
El gobierno morenista recurrió también a Banco Santander, cinco días después del primer préstamo, el 27 de octubre del 2022, para un segundo crédito de corto plazo, por 400 millones de pesos, con saldo actual de 200 millones de pesos a vencerse el 22 de agosto próximo.
Pero, antes también Banco Santander, el gobierno morenista, contrató en septiembre de del año pasado, un tercer empréstito de “corto plazo” por 300 millones de pesos, que actualmente tiene un saldo de 120 millones de pesos, cuyo vencimiento es para el 5 de julio próximo.
Con BBVA Bancomer, el 9 de septiembre del 2022, Tabasco se endeudó con 300 millones de pesos, que actualmente registra un saldo de 90 millones de pesos, con vencimiento al 5 de julio de este 2023.
Para variarle, también se recurrió al Banco Mercantil del Norte, S.A., (Banorte), para otro endeudamiento de corto plazo, el 10 de agosto del año pasado, por un monto de 300 millones de pesos, del que queda un saldo de 60 millones de pesos, que venció el pasado 31 de mayo pasado, y que fue utilizado supuestamente también para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.
Con Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte), se utilizó otro endeudamiento de “corto plazo”, firmado el 25 de julio del 2022, por la cantidad de 300 millones de pesos, y tiene un saldo de 60 millones de pesos, que vencieron el 19 de mayo pasado.
Con HSBC, el 22 de julio del año 2022, igual se contrató un crédito por 300 millones de pesos y actualmente registra un saldo de 60 millones de pesos, que vencieron el 17 de mayo pasado.
