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Tabasco refuerza su estrategia anticorrupción

Por Josué Ramirez

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VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco, Mileyli María Wilson Arias, afirmó que el Gobierno del Pueblo trabaja de manera coordinada con la sociedad para combatir la corrupción y reforzar la integridad en la administración pública. Su comparecencia tuvo lugar este jueves ante la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del mandatario Javier May Rodríguez.

Prevención, austeridad y participación ciudadana

Durante su exposición, la funcionaria destacó que en este primer año se ha consolidado un modelo que privilegia la prevención sobre las acciones correctivas, así como la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas. En coordinación con la estrategia federal, la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha armonizado la política estatal para reforzar los mecanismos de vigilancia y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

Entre las acciones más relevantes se encuentra la elaboración de iniciativas en materia de transparencia, protección de datos personales y sistema anticorrupción, tras las cuales se concretó la extinción del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyas funciones fueron asumidas por la dependencia.

Participación ciudadana histórica

Wilson Arias subrayó que el combate a la corrupción no recae únicamente en el gobierno. Por ello, se impulsó la participación social mediante la creación de 62 Comités de Contraloría Social para supervisar programas federales y 279 Comités estatales encargados de vigilar 23 programas de desarrollo social. Esta cifra, señaló, representa un hecho histórico en Tabasco.

Resultados en auditorías y fiscalización

En materia de fiscalización, informó que se concluyeron 39 auditorías de diversos entes fiscalizadores, además de 36 auditorías externas iniciadas en conjunto con dependencias estatales. De las 52 auditorías finalizadas, el monto fiscalizado asciende a 6 mil 413 millones 703 mil 999 pesos. Actualmente permanecen en proceso 61 auditorías, entre internas, externas y realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Cumplimiento récord en declaraciones patrimoniales

La secretaria resaltó un logro sin precedentes: un 97.6% de cumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales de un universo de 73 mil 909 sujetos obligados. Esto se logró al adelantar por primera vez el periodo de captura y mediante módulos de atención instalados en las dependencias estatales.

Asimismo, se fortaleció la operación de Comités de Ética en las instituciones del Ejecutivo, alcanzando la capacitación de 2 mil 70 servidores públicos.

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Investigaciones y sanciones

En materia de responsabilidades administrativas, durante este periodo se integraron 3 mil 333 expedientes de investigación, de los cuales 461 derivaron de denuncias y 2 mil 703 por omisiones en declaraciones patrimoniales. Hasta el momento, 650 expedientes han sido concluidos y nueve cuentan con Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

La Unidad de Investigación y Verificación Gubernamental inició además seis expedientes más: cinco sanciones a contratistas, una a proveedores y dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado.

Vigilancia presupuestal y supervisión en territorio

Como parte de la verificación del ejercicio presupuestal, se realizaron 13 mil 517 verificaciones físicas de apoyos entregados a cuatro mil 132 beneficiarios de distintos programas agropecuarios y pesqueros. También se efectuaron 48 revisiones a reactivos químicos para la potabilización de agua y se participó activamente en el Comité de Compras del Poder Ejecutivo.

En atención a comunidades originarias, la Secretaría distribuyó información sobre mecanismos de denuncia en lenguas yokot’an y ch’ol durante jornadas territoriales.

El Gobierno del Pueblo, concluyó Wilson Arias, continuará reforzando las capacidades institucionales para garantizar procesos más transparentes, eficientes y cercanos a la ciudadanía.

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