VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-El Gobierno del Pueblo logró en su primer año de gestión una de las reconfiguraciones jurídicas más amplias de los últimos tiempos en Tabasco, al consolidar un marco legal actualizado y alineado con la legislación federal, lo que sienta las bases institucionales para la transformación impulsada por la administración de Javier May Rodríguez.
Así lo expuso el consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Jesús Manuel Argáez de los Santos, al ampliar la glosa del Primer Informe ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local.
Tres veces más iniciativas que el sexenio anterior
El funcionaria destacó que, en solo un año, el Ejecutivo estatal envió 42 iniciativas de decreto, todas aprobadas por el Legislativo, cifra que triplica el trabajo de la administración anterior, que presentó apenas 12.
Entre las reformas más relevantes se encuentran:
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La nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
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La inclusión de la revocación de mandato como derecho del pueblo
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La elección democrática de delegados
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El fortalecimiento del marco penal estatal
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La armonización de normas locales con los lineamientos federales en materia judicial
De acuerdo con el funcionario, todas las iniciativas fueron guiadas por “el sentir popular”, con el objetivo de fortalecer derechos sociales y modernizar la estructura del Estado.
Un rediseño institucional que libera recursos
El consejero Jurídico subrayó que el proceso de revisión normativa permitió identificar duplicidades de funciones, lo que llevó a compactar la administración pública y hacerla más eficiente. Esta reorganización, dijo, contribuyó al refinanciamiento de la deuda y permitió liberar recursos para destinarlos a programas sociales y desarrollo económico.
A esto se suma un incremento notable en el trabajo técnico de la Consejería: las mesas de análisis pasaron de 28 a 263 sesiones en un año, mientras que las consultas jurídicas de entes públicos subieron de 118 a 368.
Fortalecimiento laboral y justicia más cercana
Argáez de los Santos también destacó los avances en materia laboral.
En conjunto, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Centro de Conciliación Laboral y la Dirección General del Trabajo realizaron:
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Más de 45 mil audiencias y asesorías
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2,568 acciones jurídico-laborales en beneficio de 7,977 trabajadores
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1,216 reuniones conciliatorias, que ayudaron a resolver conflictos sin procesos prolongados
Estos esfuerzos, indicó, consolidan una política de justicia laboral más accesible y eficiente.
Regularización de escuelas y atención en territorio
Como parte del trabajo interinstitucional, la Consejería Jurídica logró regularizar la situación legal de 77 centros educativos, otorgando certeza jurídica al patrimonio escolar. El funcionario resaltó que este esfuerzo responde a la instrucción de trabajar en territorio, atendiendo directamente las necesidades de las comunidades.
Argáez aseguró que la Consejería se mantiene como un órgano “al servicio del pueblo”, comprometido con garantizar el Estado de Derecho y respaldar la transformación que impulsa el Gobierno del Pueblo.
