VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-El Gobierno de Tabasco prevé regularizar la totalidad de los planteles educativos del estado y entregarles certeza jurídica mediante títulos de propiedad, un proceso que beneficiará directamente a más de dos mil escuelas que actualmente se encuentran en trámite y que comenzarán a recibir su documentación a partir de marzo de 2026.
Así lo dio a conocer Francisco Sánchez Ramos, titular de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), quien subrayó que esta acción forma parte de una prioridad de la administración que encabeza el gobernador Javier May Rodríguez, para atender un rezago histórico que se arrastra desde hace más de tres décadas.
En entrevista, el funcionario explicó que las brigadas técnicas de la CERTT realizan levantamientos topográficos y la integración de expedientes técnico-jurídicos en los predios donde se ubican los centros educativos, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con los procesos de legalización.
“Se trata de saldar una deuda histórica con el sector educativo y garantizar que ningún inmueble destinado a la enseñanza carezca de certeza jurídica”, afirmó Sánchez Ramos, al destacar que el objetivo es concluir el proceso de regularización durante el año 2026.
Detalló que, para lograrlo, se mantiene una coordinación interinstitucional con dependencias como la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab) y la Consejería Jurídica, especialmente en aquellos casos donde los predios se encuentran dentro del fundo legal, es decir, propiedad del municipio o del estado.
Asimismo, en los casos de escuelas asentadas en predios ejidales, se trabaja de manera conjunta con el Registro Agrario Nacional (RAN) para destrabar los procedimientos legales y garantizar la entrega de los títulos de propiedad.
Las autoridades estatales confían en que este esfuerzo permitirá cerrar definitivamente el rezago en la regularización de inmuebles escolares, fortaleciendo la seguridad jurídica del patrimonio educativo y facilitando futuras inversiones en infraestructura y servicios para la comunidad escolar.
