VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-La justicia federal en Tabasco enfrenta una suspensión indefinida de actividades luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), adscritos al Décimo Circuito, anunciaran un paro laboral y el cierre de sedes jurisdiccionales para rechazar nuevas disposiciones administrativas que, aseguran, ponen en riesgo su estabilidad en el empleo.
La inconformidad estalló tras la publicación, el pasado 5 de noviembre, de un acuerdo general del Órgano de Administración Judicial que establece un nuevo régimen de evaluación del desempeño para el personal de carrera judicial.
Como medida de presión, la base trabajadora determinó suspender actividades en inmuebles estratégicos de Villahermosa, entre ellos el Juzgado Quinto de Distrito y el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en la zona de Macroplaza, además de otras oficinas operativas.
El secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, Lázaro Quevedo de la Cruz, confirmó la protesta y dio lectura al posicionamiento de los trabajadores, quienes rechazaron que los nuevos mecanismos de evaluación se conviertan en herramientas para imponer mayores exigencias y condicionar la permanencia en sus puestos.
RECHAZAN EVALUACIONES Y ADVIERTEN RIESGO LABORAL
Los inconformes aclararon que su protesta no está relacionada con el rechazo a la profesionalización ni a la mejora del servicio de justicia, sino con la aplicación de criterios que, desde su perspectiva, generan incertidumbre laboral y no consideran las condiciones reales en las que desempeñan sus funciones.
En su pronunciamiento, sostuvieron que las nuevas disposiciones contravienen las garantías establecidas en el artículo Décimo Transitorio del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024, que establece el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras.
También señalaron que el nuevo esquema concentra las exigencias de evaluación en el personal subordinado, sin considerar suficientemente las responsabilidades de las áreas administrativas en la distribución de recursos y cargas de trabajo.
Ante este escenario, exigieron al Órgano de Administración Judicial la abrogación del acuerdo general, la suspensión de su implementación y la apertura inmediata de una mesa formal de diálogo con sus representantes.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS TRÁMITES Y ASUNTOS JUDICIALES?
Ante el cierre de las sedes, los trabajadores precisaron que la suspensión de actividades no significa que la ciudadanía quede en estado de indefensión.
Explicaron que, conforme a la Ley de Amparo, las solicitudes y promociones de carácter urgente podrán ser recibidas y tramitadas oportunamente por los órganos competentes.
Sin embargo, el paro representa una alteración en las actividades ordinarias de las oficinas judiciales involucradas, por lo que la atención de los asuntos no urgentes podría verse afectada mientras permanezca la suspensión.
Finalmente, la base trabajadora del Décimo Circuito convocó a sus compañeros de los 32 circuitos judiciales del país a mantenerse organizados y respaldar la movilización para defender sus condiciones laborales.
