VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-La transformación de Tabasco se construye dentro de la ley, con certeza jurídica y un Estado de Derecho al servicio del pueblo, afirmó el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Jesús Manuel Argáez de los Santos, al comparecer ante la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del mandatario estatal, Javier May Rodríguez.
Ante las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión, destacó que la modernización normativa y el trabajo coordinado con el Poder Legislativo han permitido avanzar con dinamismo y rigor técnico. Señaló que, en lo que va de la presente administración, se han impulsado 89 iniciativas con proyecto de decreto que se tradujeron en 104 reformas a diversos ordenamientos jurídicos estatales, todas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

Argáez de los Santos subrayó que este marco legal ha respaldado decisiones de alto impacto social impulsadas por el gobernador Javier May Rodríguez, tales como elevar a rango constitucional programas sociales —como la pensión para personas de 60 a 64 años y los apoyos directos al campo—, instaurar la austeridad republicana, reducir el salario del Ejecutivo y fortalecer la democracia participativa mediante la elección ciudadana de delegados municipales y la revocación de mandato.
En materia de certeza patrimonial y vivienda digna, informó sobre la actualización integral de la Ley del Catastro, la Ley Registral, la Ley del Notariado y el Código Civil, además de la expedición de una nueva Ley de Vivienda y la alineación de los reglamentos interiores de las dependencias y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo al Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030. Respecto a la vinculación educativa y la atención en territorio, destacó la entrega de 377 nuevos títulos de propiedad y escrituras a planteles educativos durante este año —para un acumulado de 783 escuelas regularizadas en dos años—, así como la apertura de la Consejería a estudiantes de Derecho de la UJAT, la Universidad Olmeca y el Instituto Universitario de Yucatán para servicio social y prácticas profesionales.

Agregó que, en las Jornadas de Atención al Pueblo en Territorio, se han recorrido 180 de los 205 Centros Integradores, brindando asesoría jurídica gratuita a 2 mil 549 personas.
Finalmente, en defensa del patrimonio público y justicia laboral, el consejero jurídico precisó que se validaron 713 convenios e instrumentos administrativos con un tiempo promedio de respuesta de hasta 24 horas; se atendió el 100 por ciento de las controversias y litigios donde el gobierno es parte con cero plazos vencidos y cero multas en las Juntas Locales; y, en coordinación con las instancias laborales sectorizadas, se registraron 56 mil 807 audiencias, 22 mil 649 asesorías laborales, mil 375 reuniones conciliatorias y la entrega de títulos de propiedad a 782 familias.
“Detrás de cada número, de cada porcentaje favorable y de cada iniciativa y convenio concretado hay mucho más que un dato estadístico: hay certidumbre jurídica para el Estado y justicia social para el pueblo”, expresó al refrendar el compromiso institucional de servir con legalidad, transparencia y apego a la Constitución.







