EDOMEX (CONTRASTE POLÍTICO).Una juez federal en Tabasco negó, por el momento, liberar las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado, señalado por autoridades como presunto cabecilla del grupo criminal La Barredora. La resolución refuerza el mensaje de control financiero y combate a estructuras delictivas desde el ámbito judicial y de seguridad nacional.
La jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito, admitió a trámite el amparo promovido por el exfuncionario —quien fue colaborador del hoy senador Adán Augusto López—, pero rechazó conceder la suspensión provisional solicitada para recuperar el acceso a sus recursos económicos.
La negativa no es definitiva. La juzgadora programó audiencia para el próximo 2 de enero, fecha en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva respecto al bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), medida aplicada como parte de las acciones de prevención de lavado de dinero y asfixia financiera a presuntas redes criminales.
De acuerdo con versiones periodísticas el Abuelo ya había promovido otro amparo para levantar el aseguramiento de sus bienes, en el que se dijo víctima de persecución política. En la demanda actual, presentada contra el bloqueo de sus cuentas, repitió el mismo argumento, señalando presuntas violaciones a derechos humanos, lo cual deberá ser analizado en la sentencia definitiva.
En su escrito, el exsecretario afirmó que injustamente se le relaciona con el grupo criminal y que de manera ilegal se libró una orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Añadió que, derivado de ello, él y su familia han sido objeto de una supuesta persecución, y que el 25 de julio de 2025 tuvo conocimiento del bloqueo de sus cuentas y su inclusión en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero.
Bermúdez Requena fue detenido el 18 de septiembre, luego de ser expulsado por el gobierno de Paraguay tras ingresar de manera ilegal a ese país. A su regreso, la Fiscalía General de Tabasco lo imputó y vinculó a proceso por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene pendiente la ejecución de una orden de captura en su contra por delincuencia organizada y secuestro, lo que mantiene el caso en el centro del debate político y de seguridad en Tabasco y a nivel federal.
El desarrollo de la audiencia del 2 de enero será clave para definir si el exfuncionario conserva o no el acceso a sus recursos, en un expediente que combina responsabilidades penales, control financiero del Estado y un alto impacto político.
