VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).-La vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada no solo abre un nuevo capítulo judicial, sino que también reaviva cuestionamientos sobre la política de seguridad durante los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y su sucesor Carlos Manuel Merino Campos.
El exsecretario de Seguridad, considerado en su momento pieza clave del gabinete estatal, hoy enfrenta acusaciones por delitos de alto impacto como desaparición forzada, secuestro, extorsión y asociación delictuosa, con penas que podrían alcanzar hasta 90 años de prisión.
La audiencia más reciente, realizada el 4 de abril, confirma que el caso avanza, pero también deja al descubierto una interrogante mayor: ¿Cómo un funcionario de ese nivel operó durante años sin que se detectaran —o se atendieran— los señalamientos en su contra?
Un caso que sacude al poder político en Tabasco
Bermúdez Requena Alias el Abuelo no era un actor menor. Fue el encargado de la seguridad pública en uno de los periodos más sensibles para el estado, bajo el gobierno de Adán Augusto, hoy figura nacional, y posteriormente durante la administración de Merino Campos, actualmente funcionario federal.
Hoy, el mismo hombre que dirigía la estrategia de seguridad está acusado de formar parte —según investigaciones— de una red vinculada a la desaparición de personas.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco ha confirmado que ya existen 19 órdenes de aprehensión derivadas del caso, con al menos 10 personas vinculadas a proceso, lo que apunta a una estructura más amplia que no operaba en solitario.
De jefe policiaco a acusado de vínculos criminales
El caso toma mayor gravedad al considerar que Bermúdez fue detenido en Paraguay, donde autoridades lo relacionaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de ser señalado como presunto líder de “La Barredora”.
Aunque el exfuncionario ha negado la existencia de este grupo como organización formal, las investigaciones apuntan a una red que operaba en el estado en paralelo a las instituciones de seguridad.
El costo político: silencio y responsabilidades pendientes
A pesar de la magnitud del caso, no hay hasta ahora una explicación clara de las autoridades que lo nombraron y sostuvieron en el cargo.
Ni Adán Augusto López ni Carlos Manuel Merino han ofrecido una postura de fondo sobre cómo su exsecretario terminó acusado de delitos que, en teoría, debía combatir.
El tema no es menor: se trata de uno de los casos más delicados en materia de seguridad y derechos humanos en Tabasco, que pone en entredicho los controles, la supervisión y la responsabilidad política de quienes encabezaban el gobierno estatal en ese momento.
Un caso que apenas comienza
Actualmente recluido en el Penal Federal del Altiplano, Bermúdez Requena enfrenta múltiples procesos, mientras la Fiscalía no descarta nuevas órdenes de aprehensión.
El gobierno estatal actual ha dejado abierta la posibilidad de ampliar las investigaciones, lo que podría escalar el caso más allá del exfuncionario y alcanzar a otros niveles.
Por ahora, lo que queda claro es que el caso Bermúdez no solo es judicial: es político.
Y sus efectos podrían seguir creciendo.
