TUXTLA GUTIÉRREZ (CONTRASTE POLÍTICO).—Por los delitos de tortura, amenazas, lesiones, privación ilegal de la libertad, entre otros, fueron capturados y sometidos a proceso penal, un grupo de diez agentes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGECH), quienes tumultuariamente infligieron golpes y dolor a una persona privada de su libertad.
En video difundido y que al parecer fue grabado por un agente, se observa a policías, divertidos, torturando a un detenido, a quien le colocan una bolsa de plástico en la cabeza con la amenaza de asfixiar al presunto delincuente, para que “confiese” y revele el delito.
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que fueron detenidas 10 personas de esa institución, quienes participaron en los ilícitos en contra de un ciudadano.
Entre los funcionarios capturados se encuentran un subdirector, tres agentes de Ministerio Público, un secretario y cinco elementos policiales, tras los hechos dados a conocer mediante un video a través de las redes sociales, donde se aprecia que servidores públicos cometen actos contrarios a derecho en contra de una persona del sexo masculino.
Detalló que de manera inmediata se inició una carpeta de investigación, y explicó que el video es derivado de un operativo realizado el 14 de marzo del presente año en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, supuestamente para combatir el delito de robo de vehículo, donde participaron diferentes corporaciones.
«Se llevaron a cabo diversas diligencias y se han aportado datos de prueba, por lo que ya tenemos identificadas a quienes se aprecian en el video y seguiremos abundando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos», afirmó.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.
En su mensaje, Llaven Abarca aseguró que no habrá impunidad ante ninguna conducta delictiva cometida por un servidor público de cualquier institución.
«Vamos a ser implacables y no habrá impunidad en estos hechos lamentables; quienes cometieron el delito de tortura enfrentarán la justicia”, finalizó.
El Artículo 426, del Código Penal establece que comete el delito de tortura, el servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, Infrinja dolores o sufrimientos físicos o psicológicos a una persona para obtener de ella o de un tercero información o una confesión; o para castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o para coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
También que “Detengan a una persona utilizando innecesariamente brutalidad o exceso de violencia para lograr su detención. Se entenderá por brutalidad, la conducta cruel y despiadada que por medio de métodos corporales, mecánicos o de cualquier otra naturaleza, provoquen sufrimiento físico o psicológico, o deje cicatrices visibles o lesiones internas o afecten centros nerviosos, órganos o funciones orgánicas”.
“Que Mantengan incomunicada a una persona a partir de su detención, sea ésta lícita o ilícita. Ordenen como superiores jerárquicos de los responsables las conductas señaladas en las fracciones anteriores, o las consientan si está en su ámbito de facultades hacerlas cesar, o las encubran, si no estando en su ámbito de facultades hacerlas cesar no las denunciasen ante la autoridad competente”.
A los responsables del delito de tortura, se les aplicará, en orden a la gravedad, daños y consecuencias de las conductas desplegadas, la pena de cinco a diez años de prisión y multa de veinte a doscientos días de salario, además de destitución del cargo, empleo o comisión y nulidad absoluta de la confesión que se hubiese obtenido”.
