WASHINGTON (CONTRASTE POLÍTICO).- Autoridades de Estados Unidos revelaron una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por su presunta participación en una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA), los implicados habrían conspirado con líderes del cártel para facilitar el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político, en una operación que, según las autoridades, permitió la expansión de una de las organizaciones criminales más violentas del mundo.
La investigación señala que esta red operaba desde distintos niveles del gobierno y las corporaciones de seguridad en Sinaloa, donde los acusados presuntamente utilizaron sus cargos para proteger a los líderes del cártel, filtrar información confidencial y permitir el tránsito de cargamentos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Este esquema, sostienen las autoridades, consolidó a Sinaloa como un punto clave en el comercio global de narcóticos.
El expediente también detalla que algunos de los implicados habrían participado directamente en actos de violencia, incluyendo secuestros y asesinatos, como el caso de una fuente de la DEA y un familiar que fueron privados de la vida tras ser identificados como colaboradores en la investigación. Además, se documenta que los funcionarios habrían recibido millones de dólares en sobornos a cambio de garantizar la operación del cártel sin intervención de las autoridades.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a que Rubén Rocha Moya habría llegado al poder con apoyo de una facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, quienes presuntamente intervinieron en procesos electorales mediante intimidación y violencia. Posteriormente, ya como gobernador, habría sostenido reuniones con integrantes del grupo criminal para garantizar su protección y operación en la entidad.
El fiscal estadounidense Jay Clayton fue contundente al señalar que el Cártel de Sinaloa no podría operar con tal nivel de libertad sin el respaldo de funcionarios corruptos, mientras que la DEA advirtió que este caso evidencia un esquema sistemático de corrupción que permitió la expansión del narcotráfico y la violencia, reiterando que nadie está por encima de la ley.
Esta acusación forma parte de una ofensiva iniciada desde 2023 contra más de 30 integrantes del cártel, en un esfuerzo por desarticular las redes de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, todos los acusados se encontrarían actualmente en México y enfrentarían cargos que podrían derivar en sanciones penales severas si se comprueba su responsabilidad.
El caso, por su alcance y por involucrar a un gobernador en funciones, se perfila como uno de los episodios más delicados en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, al exponer presuntos vínculos entre el poder político y el crimen organizado en uno de los estados clave para el narcotráfico.
