04/02/2022
VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).- Transcurridos tres años del presente sexenio, el gobierno estatal de la 4T local decidió crear, en papel todavía, el Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres de Tabasco.
Al menos es un avance, mayor al realizado por el anterior gobierno perredista encabezado por Arturo Núñez Jiménez, quien fue hasta el último año de su gobierno que solo colocó la “primera piedra”, pero finalmente no se construyó nada del anunciado Centro de Justicia para Mujeres.
Ahora, a mitad de sexenio, la administración estatal de la Cuarta Transformación dio a conocer que creará esa institución, que estará sectorizada en la Secretaría de Gobierno, “para institucionalizar una auténtica política pública que permita garantizar los derechos humanos” de las tabasqueñas y, en su caso, de sus hijas e hijos, “así como proteger su vida, libertad y dignidad”.
Así lo establece el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado y firmado por el gobernador sustituto Carlos Manuel Merino Campos, que considera que el Centro de Justicia “dotará a las mujeres de certeza jurídica, acceso a la justicia y atención integral, incluyendo su empoderamiento”.
“Su objetivo – enfatiza el documento oficial — es coadyuvar y vincular bajo una política integral con perspectiva de género, multidisciplinaria, secuencial e interinstitucional, la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos, mediante la prestación de esos servicios en un lugar único y seguro”.
Es posible que lo que trata de decir el gobierno de Tabasco, es que las mujeres violentadas contarán con un lugar seguro donde serán atendidas con empatía y diligentemente por abogadas, psicólogas, doctoras, enfermeras, trabajadoras sociales, a fin de protegerlas, orientarlas y apoyarlas para evitar que continúen siendo víctimas de sus agresores. También su caso, denunciar a los infractores o alejarlas de ellos para que no sean maltratadas o hasta asesinadas.
En el lapso de este inicio de año, en Tabasco suman seis feminicidios. En las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), contabiliza 16 feminicidios durante el 2021. Aunque en total fueron 49 las mujeres asesinadas durante ese año.
Del 2015 a la fecha, con cifras oficiales del SNSP –siete años –, en la entidad ocurrieron 163 feminicidios y otros 208 asesinatos de mujeres fueron tipificados como homicidios doloso. En total a 376 féminas les fue arrancada la vida.
En los tres años que lleva el autodenominado gobierno “Cuarta Transformación” local, suman 58 Carpetas de Investigación por feminicidio, de un total de 181 mujeres asesinadas, pues la mayoría fueron clasificados como homicidios dolosos por la Fiscalía General del estado de Tabasco (FGET).
Otro fenómeno creciente, más en estos tres años de la 4T local, es el delito de violencia familiar, pues en 2019, 2020 y 2021, fueron 7,215, 6,445 y 7,791 Carpetas de Investigación, respectivamente, iniciadas por la FGET. Obviamente sin incluir las “cifras negras”, que según el INEGI es mayor al 90 por ciento.
EL GRAN ENGAÑO A LAS MUJERES POR ARTURO NÚÑEZ
En enero del 2018, el entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez montó todo un espectáculo en un predio de Pomoca, Nacajuca, sobre la carreta Villahermosa-Nacajuca, donde colocó la “primera piedra” de lo que sería el Centro de Justicia para Mujeres. Todo solo fue un montaje, pues no hizo nada más.
En la farsa, donde Núñez estuvo acompañado por su esposa y presidenta del DIF, Martha Lilia López, el entonces Fiscal General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, dijo que la edificación se daba la bienvenida a la “nueva faceta” en la procuración de justicia en defensa de las mujeres tabasqueñas para erradicar el fenómeno de la violencia hacia este sector tan vulnerable.
“Tendremos en un único espacio todos los servicios posibles para la mujer víctima del delito, en donde el problema penal es quizá solo el factor emergente de una problemática más profunda que requiere del apoyo y acompañamiento de diversas instituciones”, mentiría Valenzuela Pernas.
En su falsedad señalaría que en el Centro de Justicia se desplegaría una amplia gama de servicios para las féminas, que incluirían “atención médica, psicológica, trabajo social, recepción de denuncias y empoderamiento económico, los cuales les permitirán tomar decisiones y contar con un nuevo proyecto de vida para ellas y sus familias”.
“El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Tabasco, tiene como objetivo mantener una coordinación permanente e interinstitucional que garantice el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género”, remarcaría.
Y todavía sin empacho, el ahora exFiscal exclamaría que “era una clara muestra del apoyo que en todo momento ha brindado el gobernador Arturo Núñez Jiménez, así como de su firme compromiso con las mujeres de Tabasco y la salvaguarda de sus derechos en permanente reconocimiento a la importancia y valor de la mujer en el desarrollo de nuestra sociedad”.
En tanto, el entonces gobernador Núñez Jiménez, diría la mañana de ese viernes 19 de enero del 2018, que la obra contribuiría en el estado a combatir, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, añadiéndose a las acciones que supuestamente ya realizaban otras instancias a favor de este sector.
Junto a su esposa y presidenta del DIF Tabasco, Martha Lilia López de Núñez, dijo que ese centro significaría una contribución importante para la batalla que, como sociedad y gobierno, tenemos que dar, a fin de garantizar los derechos y libertades de las tabasqueñas. Todo resultó una farsa.
LA 4T PUBLICA DECRETO PARA ANUNCIAR CENTRO DE JUSTICIA
El gobernador sustituto Carlos Manuel Merino Campos firmó el Acuerdo, publicado en el Periódico Oficial, en el que anuncia que crear un Centro de Justicia con que “se pretende dar un giro al entramado que conllevan las acciones de coordinación de las instancias que convergen en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, en especial la que se produce contra las mujeres; enriqueciendo su perspectiva con la participación ciudadana y evitando la revictimización”.
Establece que el nuevo Centro de Justicia “coordinará, articulará y vinculará interinstitucionalmente a los entes públicos que ejerzan la función de procuración de justicia, seguridad pública, salud, educación, bienestar, desarrollo social, trabajo y otras, cuya finalidad principal sean acordes con las atribuciones del propio centro”.
“Proporcionará atención integral y multidisciplinaria bajo un modelo homologado de atención en un solo espacio, e impulsará acciones en los ámbitos jurídico y social que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres, promoviendo su plena incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la sociedad”, dice el Acuerdo.
Señala que entre las atribuciones del nuevo centro, se pueden mencionar la de coordinar de manera interinstitucional a las autoridades competentes para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y el ejercicio efectivo de su derecho a una vida libre de violencia, así como el respeto a sus derechos humanos antes los órganos públicos.
Además, generará programas y planes en coordinación con las autoridades en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y dar seguimiento a los mismos; y fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres y de erradicación de la discriminación de género.
También promoverá la participación y colaboración de organismos públicos y privados que son afines al objeto del Centro de Justicia para Mujeres; y gestionar en instancias correspondientes, las medidas de seguridad y protección, así como las medidas cautelares que garanticen los derechos y la protección personal, física, emocional, laboral y patrimonial de la mujer víctima de violencia.
El Acuerdo gubernamental establece que el Centro de Justicia deberá tener como titular a una mujer, designada directamente por el gobernador del estado, y la fémina deberá cumplir con algunos requisitos – que no son muy precisos, pues quedan a la interpretación del Ejecutivo -, como el contar con cualquier título profesional en grado de licenciatura; “tener experiencia en materia de igualdad y perspectiva de género, así como de las causas de las mujeres; y tener prestigio moral y profesional”.
El acuerdo informa que el Reglamento del nuevo centro deberá emitirse en un plazo no mayor a 180 días hábiles, contados a partir de la fecha en que la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, apruebe la estructura orgánica del propio centro.
Así que iría aún para largo el que se concretice el Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres de Tabasco.
