ROBERTO BARBOZA /CONTRASTE POLÍTICO
12/04/2022
VILLAHERMOSA.- Conocido como el “Edificio de la impunidad” — adquirido a sobreprecio de más del 40 por ciento, con vicios ocultos en su construcción y en el terreno, así como una construcción inadecuada para albergar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IPECT) –, el inmueble tras 11 años de su compra permanece abandonado, inutilizado y en la incertidumbre sobre su destino.
Dos vigilantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT) y un policía de Seguridad Pública del estado, matan el tiempo platicando en la planta baja del vetusto inmueble con planta baja y tres niveles, pero el último es de techo de lámina galvanizada, solo es utilizado para bodega de tiliches, en sus mil 400 metros cuadrados en tres niveles de construcción.
En la plancha de concreto de mil 6 metros cuadrados del amplio estacionamiento – por abajo lo cruza un arroyo –, localizado en avenida Periférico número 1206, colonia Tamulté de las Barrancas, están aparcados bajo el sol una veintena de vehículos utilizados para la logística de la pasada elección de alcaldes y diputados locales del 2021.
Es el “Edificio de la impunidad”, califica el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el IEPCT, Carlos Castellanos Morales, al recordar que el Congreso local interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tabasco (FGET), contra los presuntos involucrados en la compraventa del edificio, de todos los coparticipes sólo dos consejeros fueron encarcelados, luego liberados por falta de pruebas; la investigación se archivó y nunca se reparó el daño al IEPCT.
Algunos personajes mencionados en las investigaciones sobre esa irregular transacción realizadas en 2011 por la Contraloría interna del IEPCT y por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), aún se encuentran vigentes en política administrativa estatal y federal.
En junio del 2011, la escritura de la transacción del inmueble se realizó en la Notaría Pública 27— su titular es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández–, por la entonces y actual fedataria adscrita Adela Ramos López, quien dio del pago del Instituto al entonces propietario Gilberto Galassi Cevallos, avecindado en Veracruz.
Según la escritura pública 34501 del 11 de abril del 2011, el Instituto pagó un importe de 32 millones 600 mil pesos, divididos en 23 millones 172 mil pesos por los mil 906.87 metros cuadrados del terreno; y 9 millones 428 mil pesos por el edificio con mil 396 metros cuadrados de construcción. Según avalúos efectuados posteriormente, indicaron que al menos se había adquirido con un sobreprecio de 14 millones de pesos.
En copia de la póliza de cheque del IEPCT, el monto pagado al empresario fue por 31 millones 091 mil 520 pesos por concepto de “adquisición del inmueble autorizado mediante el acuerdo del consejo estatal número CE/2010/004 aprobado en sesión extraordinaria del día 16 de julio de 2010, y acta de Junta Estatal Ejecutiva, de fecha 05 de abril de 2011”.
Un segundo cheque, con número 0021582, por concepto del IVA correspondiente al valor de la construcción del edificio, que por un millón 508 mil 480 pesos. Este último monto, no correspondían al 16 por ciento del IVA de los 31 millones de pesos pagados, sino cuatro millones 974 mil 643 pesos.
También fue dos meses antes, 11 de abril del 2011, cuando se emitieron pólizas de cheques, para la compra–venta del Edificio de la impunidad, por el entonces director de administración del IEPCT, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, amigo cercano del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien al asumir la gubernatura lo nombró coordinador general Ejecutivo de la Gubernatura y actualmente ocupa el cargo de secretario de Administración e Innovación del estado.
Entre los consejeros electorales que autorizaron esa compraventa, estaban Elidé Moreno Cáliz, actual secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupcion-Tabasco; el consejero Rosendo Gómez Piedra, actual director jurídico de FONATUR y Tren Maya, y antes lo fue de la Secretaría de Bienestar federal.
También por el entonces consejero electoral Jorge Montaño Ventura, quien actualmente es el Fiscal Electoral del estado, quien se amparó y llevó el proceso en libertad hasta ganar el juicio.
De las imputaciones que posteriormente realizó la FGET, sólo detuvo y encarceló a los exconsejeros Héctor Aguilar Alvarado y Gustavo Rodríguez Castro, imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero lograron salir en libertad al no comprobárseles el ilícito.
EN TABASCO UNICO INSTITUTO DEL PAÍS SIN SEDE PROPIA.
Cuando el IEPCT adquirió el “Edificio de la Impunidad”, llevaba 25 años de creado y sin sede propia, por lo que prácticamente cumplió 32 años de inquilino en inmuebles rentados. Es el único organismo electoral estatal del país sin contar con oficinas propias.
Además, en caso de desaparecer los Institutos estatales, como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, definitivamente será otro el destino del inmueble nunca utilizado como sede del también conocido como Organismo Público Local Electoral (OPLE).
Actualmente, paga más de millón de pesos anuales por concepto de renta en su actual sede, ubicada en la calle Eusebio Castillo, en el centro de Villahermosa, donde el Instituto adecuó y proporciona mantenimiento a un laberinto de oficinas temporales e imprácticas para las labores propias de ese organismo y de su personal.
De acuerdo al Informe Financiero 2021 del IEPCT, el año pasado el organismo erogó más de siete millones 614 mil pesos por concepto de “arrendamiento de edificios y locales”. Además de su actual sede también renta dos bodegas en la periferia de la ciudad.
Recientemente, el Consejo estatal del IEPCT contrató al Colegio de Ingenieros Civiles a realizar una revisión del edificio localizado en la avenida Periférico número 1206, y elaborar un presupuesto sobre el costo de la rehabilitación, que aún esta pendiente de entrega por parte del colegiado.
Para el consejero Electoral del IEPCT, Juan Correa López, resultaría ocioso y costoso erogar en la rehabilitación del edificio que no reúne las condiciones para albergar a ese ente. “No comparto esa idea, es meter dinero bueno al malo”.
Propone que lo “mejor es vender ese edificio” abandonado, y comprar un terreno fuera de la ciudad para construir un inmueble adecuado a los propósitos del Instituto que actualmente carece de un auditorio y un salón de sesiones con un diseño práctico, así como todos los avances arquitectónicos para el trabajo de la institución.
Correa López recordó que el año pasado propuso crear un Fideicomiso con recursos con los que contaba el IEPCT, cerca de 45 millones de pesos, pero la mayoría del Consejo aprobó devolverlos al gobierno estatal. Lamenta que no exista el propósito de construir una sede moderna para la institución.
La decisión de rehabilitar el abandonado inmueble o construir uno nuevo, aún tomará largo tiempo, pues además el cargo de Consejera presidenta se encuentra acéfalo, al declarar desierto el puesto el Instituto Nacional Electoral (INE), pues ninguna aspirante aprobó el examen. Y de los seis de siete consejeros que conforman el Consejo Estatal, se designó a una consejera presidenta provisional.
EL EDIFICIO SOLO SE CONVIRTIÓ EN UN BARRIL SIN FONDO
En su momento, el Instituto no procedió civilmente para tramitar el juicio de nulidad de la escritura y devolver el inmueble, así exigir daños y perjuicios, más los intereses de los 32 millones de pesos.
Sólo “contactó” al vendedor Gilberto Galassi Almora y al constructor del edificio Juan Aldasoro Roble, , quienes se comprometieron a rehabilitar las inconsistencia y vicios ocultos que el edificio presenta, en un plazo no mayor a treinta días, “a entera satisfacción de la Junta Estatal Ejecutiva, órgano administrativo del Instituto electoral”.
Fue en septiembre de 2011, que el entonces presidente del IEPCT, Alfonso Castillo, reportó el compromiso del ex propietario, para construir los “refuerzos necesarios en la cimentación, de manera particular, que evite la erosión que surgió con motivos de la constante humedad que tiene una parte del terreno que ocasionó el asentamiento que presenta actualmente el frente derecho del edificio”.
Sin embargo, el constructor incumplió el compromiso verbal que hizo y el edificio quedó igual, y ahora el deterioro es mayor.
“Inexplicablemente”, fue hasta después de la compraventa del inmueble, que en el IEPCT se dieron cuenta que era demasiado pequeño para albergar a todas las áreas de ese organismo, y se pretendió invertir otros ocho millones de pesos para construir otro edificio anexo, donde estaría la sala de sesiones, oficinas de consejeros y estacionamiento, con un costo de 8 millones de pesos.
Ese anexo albergaría en la parte baja estacionamiento para 70 cajones; en el primer piso la sala de sesiones con capacidad para 70 personas; sala de juntas, oficinas para el desahogo de pruebas y alegatos, salas de usos múltiples; área de informática; y en el segundo nivel las oficinas de seis de los consejeros.
Un evalúo inmobiliario efectuado por un perito y entregado por el PRD al Congreso, en el 2011, estimó el costo real del terreno es nueve millones 184,439 pesos, y por el edificio ocho millones 457,928 pesos, más 926 mil 632 pesos por concepto de capitalización, dio como resultado un valor comercial 18 millones 569 mil pesos, pero no los 32 millones 600 mil pesos el Edificio de la impunidad.
En el avalúo del ingeniero civil Crispín Torres Luna, cédula profesional especializado en valuación número 4011402, apreciaba filtraciones en la losa de azotea; deficiencias en recubrimientos de pisos y muros; losetas de pisos desprendidas; desprendimiento del forrado de columnas.
También registraba filtraciones en las ventanas de todos los niveles, desprendimiento de algunas losetas de la escalera y la escalera tipo marina para ascender a la azotea registra deterioro por lo cual no se puede utilizar.
Y a diferencia de los pisos de la planta baja, así como del primero y tercer nivel, que están recubiertos con losetas, el suelo del segundo nivel es simple solo pulido con fisuras en su superficie superior.
De acuerdo al avalúo inmobiliario, el edificio no estaba en condiciones de utilizarse, pues todos los niveles no disponían de servicios sanitarios en funcionamiento, sin la certeza de que las instalaciones eléctricas funcionaran, varias puertas desprendidas, divisiones de los espacios sin acondicionarse y los canceles no estaban terminados.
Luego en el 2012, según las actas del Comité de Compras del IEPCT, se contrató por un monto de 136 mil pesos más IVA, la puesta en marcha y mantenimiento del elevador del edificio, a cargo de al proveedor Adolfo Obregón Vite, elevadores Meraseg, afectando la partida 53403 del proyecto EP001.
En esa ocasión, la empresa de Elevadores Schindler rechazó darle servicio de mantenimiento por tratarse de un equipo híbrido, de diferentes marcas, “por cuestiones de seguridad y parámetros de calidad”, y ofreció la sustitución “para contar con un equipo altamente seguro” y el respaldo de la tecnología.
Otras cinco empresas de elevadores se negaron a dar ese servicio al elevador del IEPCT.
También, el 28 de noviembre del 2011, en una segunda sesión del Comité de Compras del IEPCT, adjudicó a la Constructora Perry S.A. de C.V. con la propuesta “solvente más baja” por la cantidad de 318 mil 686 pesos, para la adecuación y mantenimiento con cargo a la partida 53505 de Mantenimiento Preventivo de Inmuebles del proyecto EP001 Adquisición, Adecuación y Ampliación del edificio.
ACTUALIZAN PERITAJE Y NUEVAMENTE DETECTAN DEFICIENCIAS
En nuevo dictamen de seguridad estructural, emitido en enero pasado de este 2022, a solicitud del IEPCT, la empresa DVARISA Ingenieros y Asociados, destaca que el edificio estructurado a base de marcos de acero estructural, no puede recibir mucho peso en sus tres niveles, por lo que “es recomendable destinar los espacios para archivo muerto o bibliotecas en la planta baja del edificio, para evitar comportamientos no deseados de la estructura”, advierte.
También requiere varias adecuaciones para poder utilizar el inmueble, como el darle mantenimiento general a la estructura metálica, especialmente las zonas de la fachada del edificio en donde la corrosión es más pronunciada.
Se pide quitar todos los acabados de la estructura metalica, como forros de tablaroca, Durock, metal desplegado y plafones; retirar el oxido de todos los elementos, verificando que los perfiles metálicos no presenten deterioro importante, es necesaria la verificación de un especialista para comprobar si el elemento ha sido o no afectado estructuralmente.
También se necesita la verificación electromecánica del sistema del elevador, “para comprobar si con el mantenimiento de los elementos estructurales puede funcionar nuevamente o si es necesario la sustitución de todo el sistema”.
Igual detectó que “existe corrosión importante en las armaduras que están cerca de la fachada del edificio, especialmente en las partes en las que el recubrimiento de Durock o Tablaroca está dañado”; “corrosión leve en algunos elementos estructurales de las zonas internas del edificio”; y se presentan humedales focalizadas en algunas zonas del edificio.
También algunos módulos de vidrio del edificios se han roto con el paso del tiempo.
“Según la revisión estructural realizada, las armaduras de la techumbre de la azotea, requieren un refuerzo en sus extremos, ya que rebasan su resistencia permisible según los criterios del manual de diseño de acero del IMCA”.
La mayoría de las armaduras, específicamente ubicadas sobre la fachada del edificio, presentan una oxidación importante, que sí requieren atención para evitar el deterioro de estas armaduras”. También los elementos metálicos del elevador – actualmente desarmado – presentan una oxidación importante.
Pero sobre todo, alerta de no construir estructuras anexas en la parte superior para no cambiar el comportamiento estructural del edificio.
