VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).—Luego de siete meses de investigación, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) determinó que fueron cuatro policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (SSPCT), los presuntos responsables del homicidio del estudiante de la UJAT, Rodrigo Isidro Ricardez.
“Los datos recabados permitieron acreditar que la causa de la muerte corresponde a un homicidio derivado de disparos efectuados presuntamente por elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPCT)”, informó el Fiscal Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros.
Aunque la investigación de la Fiscalía no pudo determinar el calibre de las balas, por lo tanto se identificó el o las armas utilizadas, en el carro donde falleció el alumno de Veterinaria de la UJAT, se descubrieron cuatro orificios por proyectil de arma de fuego.
La víctima, cuyo vehículo de su propiedad, un Nissan Sentra, blanco, murió a causa de una bala que le perforó el cuello.
Vázquez Landeros no explicó cómo es que desconocen el calibre de las balas, por lo que se podría inferir que tampoco tienen la certeza qué armas utilizaron los presuntos homicidas.
La defensa de los cuatro policías podría utilizar ese factor para atacar la acusación, pues la FGET carece de esa prueba básica y sostener que no existe acreditación de que ellos fueron los que dispararon contra el joven Rodrigo.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco reiteró su compromiso de garantizar el derecho a la verdad, y respetar el debido proceso, informando con transparencia y objetividad sobre la investigación que se realiza por el caso de homicidio, ocurrido el 14 de noviembre de 2025, en el Sector PYASUR, colonia Tierra Colorada, de esta capital.
En rueda de prensa, el Fiscal General, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, presentó los antecedentes del caso, las principales actuaciones realizadas, los hallazgos obtenidos, y las acciones legales emprendidas para garantizar el acceso a la justicia.
Destacó que, como es del conocimiento público, los hechos fueron reportados inicialmente como un accidente vehicular; sin embargo, derivado de las diligencias ministeriales, periciales y de investigación, se obtuvieron elementos de prueba que permitieron establecer una mecánica distinta a la señalada originalmente.
No obstante, afirmó que la Fiscalía tiene el deber constitucional de investigar los delitos con independencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, sin distinción alguna respecto a la calidad o función de las personas involucradas.
En la conferencia estuvieron presentes, el Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y el, titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, quien refirió que el 23 de noviembre de 2025 se obtuvo y ejecutó la orden de aprehensión contra los presuntos responsables, que ya fueron vinculados a proceso.
Asimismo, agotadas las diligencias necesarias, el Fiscal del Ministerio Público presentó la acusación formal ante la autoridad judicial, y en audiencia intermedia, celebrada el 29 de mayo del 2026, se solicitó una pena de 50 años de prisión para los imputados, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como la reparación integral del daño.
Al respecto, el Fiscal General, Oscar Tonathiu Vázquez Landeros, remarcó el caso «no se ha cerrado y seguiremos practicando actos de investigación tendientes a identificar a otros involucrados, por acción u por omisión, que hubieran intervenido en estos hechos».
Destacando que la institución tiene un compromiso de cero impunidad, total transparencia y una política en contra de la corrupción.
