Roberto Barboza Sosa/Contraste Político
15/07/2020
CIUDAD DE MÉXICO (Contraste Político).- Con el argumento de utilizar el dinero para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, del 2019 a la fecha, el gobierno de Tabasco ha tomado la costumbre de realizar empréstitos bancarios con sus respectivos intereses, por lo que a la fecha lleva cuatro endeudamientos con diferentes de bancos, por dos mil 450 millones de pesos, más réditos.
Hasta ahora se desconoce qué tipo y gravedad de insuficiencia presupuestal registra la administración estatal del morenista Adán Augusto López Hernández, que lo han obligado a recurrir al endeudamiento con la banca privada.
Sin embargo, persiste la opacidad del gobierno de Tabasco sobre la deuda adquirida y el destino de esos recursos, denunciaron las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil “Estrategia contra la impunidad”, que demandaron que se proporcione la información mínima que debe conocer la ciudadanía de manera sencilla y en lenguaje incluyente.
Aunque no sólo es el gobernador Adán Augusto López Hernández, quien incurre en esas prácticas, pues de acuerdo con el registro de deuda registrada por la SHCP, el Gobierno Federal y 11 estados contrataron deuda pública durante el primer semestre del año por más de 140 mil millones de pesos.
A la fecha sólo 23 estados y la Federación incluyen información en sus sitios web oficiales sobre deuda actualizada al menos al primer trimestre de 2020.
Pero, Tabasco junto con ocho entidad más no incluyen información actualizada al 2020 sobre la deuda pública que han contratado. Los otros estados son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. Tanto Morena, PRI, PRD y PAN actúan de manera similar.
Con el propósito de “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, en diciembre pasado, Tabasco contrató el mayor monto de deuda con el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como “obligación a corto plazo”, a nueve meses, por la cantidad de mil millones de pesos, monto del cual hasta abril registraba un saldo de 666 millones 666 mil pesos, cuya fecha de vencimiento es 30 de agosto próximo.
El gobierno del estado inscribió, dos meses después de contratada, esa deuda en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de la SHCP, 5 de febrero pasado, cuya tasa es al 8.02 por ciento, según la consulta realizada por Contraste Político.
También, el gobierno de Tabasco, el 19 de noviembre pasado pactó con Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat , otra obligación a corto plazo, aunque la registró ante la SHCP hasta el 14 de enero de este año, por la cantidad de 400 millones de pesos, que hasta abril pasado tenía un saldo de 266 millones 666 mil pesos, con un plazo a pagar de nueve meses, vence en agosto de este año a una tasa de 8.39 por ciento.
También para “cubrir insuficiencias de liquidez temporal”, Adán Augusto López Hernández, el 15 de noviembre pasado contrató con BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, otra obligación a corto plazo, que inscribió ante la SHCP hasta en enero de este año, por la cantidad de 250 millones de pesos, y que hasta abril tenía un saldo de 138 millones 888 mil pesos, igual a un plazo de nueve meses, vence en agosto de este año, con un interés del 7.74 por ciento.
Y también para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, el 15 de noviembre pasado el gobernador contrató con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, otra obligación a corto plazo, que registró ante SHCP en enero de este año, por un monto de 800 millones de pesos y cuyo saldo hasta abril pasado era de 533 millones 333 mil pesos. Igual pagadero a nueve meses, cuyo vencimiento es en agosto próximo, con interés del 7.71 por ciento.
Pero no sólo el gobierno estatal se ha empeñado financieramente, también el alcalde Evaristo Hernández Cruz, endeudó al municipio del Centro, con BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer con un crédito simple otorgado en octubre pasado, por 140 millones de pesos para una supuesta “inversión pública productiva”, cuyo saldo hasta abril era de 140 millones de pesos, deuda pagadera a cinco años con una tasa de 7.86 por ciento, a través del Fondo General de Participaciones.
También la alcaldesa de Comalcalco, Lorena Méndez Denis, en junio del año pasado, endeudó al municipio con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, con un crédito simple para una supuesta “inversión pública productiva” por 68 millones 400 mil pesos, cuyo saldo hasta abril pasado era de 28 millones 947 mil pesos , con intereses del 10.93 por ciento, a pagar hasta diciembre del 2024, por medio del Fondo General de Participaciones.
Transparencia Mexicana y Tojil, señalaron que los gobiernos deberían actuar con claridad y dar a conocer en sus sitios de internet, el monto de la deuda, acreedor, fecha del contrato y contrato íntegro de la deuda, proceso y forma de contratación de la deuda, plazo y condiciones generales de pago, incluyendo tasa de interés, destino de la deuda: en qué se invertirá el dinero, seguimiento al ejercicio de los recursos públicos en los que se invertirá, y el refinanciamiento en caso de que aplique.
El Mecanismo de Seguimiento a planes, fondos, programas y acciones en el marco de COVID-19, conocido como #SusanaVigilancia, que aplican Transparencia Mexicana y Tojil, se concentró en la deuda pública que estados y Federación han adquirido en el contexto de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos.
Las organizaciones civiles identificaron que los gobiernos no están informando clara y oportunamente a la ciudadanía sobre la deuda adquirida en el marco de la pandemia que está dirigida a enfrentar la emergencia o a mitigar sus efectos económicos y sociales.
“Los estados informan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o en algunos casos a través de las secretarías de finanzas, pero no dejan claro qué parte de la deuda será invertido en la emergencia o la reactivación económica”.
Sólo Guanajuato y Jalisco informan en sus micrositios COVID-19 sobre la deuda que han contratado para sortear los efectos de la pandemia y sus consecuencias económicas.
De acuerdo con el registro de deuda de la SHCP, el Gobierno Federal y 11 estados contrataron deuda pública durante el primer semestre del año 2020. En el periodo que coincide con la crisis sanitaria, el conjunto de estados y la Federación contrajeron en conjunto deuda pública estimada en más de 140 mil millones de pesos ($146, 522, 265, 476).
Pero la información que presenta el registro de deuda de la SHCP no coincide en todos los casos con la información que presentan los gobiernos estatales en sus sitios oficiales.
Solo 23 estados y la Federación incluyen información en sus sitios web oficiales sobre deuda actualizada al menos al primer trimestre de 2020. En cambio, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco no incluyen en sus sitios web ––página oficial de gobierno del estado o página de la Secretaría de Finanzas–– información actualizada al 2020 sobre la deuda pública que han contratado.
A diferencia de los recursos presupuestarios, la deuda supone obligaciones para varias generaciones de mexicanas. Informar a la ciudadanía sobre los compromisos adquiridos por sus gobiernos es esencial. Si bien las entidades y el gobierno presentan los informes financieros actualizados, conforme a su obligación de ley, la información no es presentada en lenguaje ciudadano o en formatos que sean accesibles para la mayoría de la población.
Transparentar datos financieros y de deuda a la ciudadanía
Transparencia Mexicana y Tojil señalaron que es necesario que los gobiernos de todas las entidades publiquen en sus micrositios COVID-19 la deuda adquirida para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Ello permitirá distinguir el objeto de la deuda y sus principales características: tasas a las que fueron contratados los instrumentos financieros, obligaciones contraídas, pero sobre todo el destino de los recursos. Sin conocer el destino es imposible saber si esos recursos fueron apropiadamente invertidos.
En el contexto COVID-19 y la situación económica que se prevé podría extenderse, se hace indispensable que las autoridades presenten información clara, abierta, transparente y verdadera a la ciudadanía. Para esto, requieren integrar una sección a sus micrositios COVID-19 que permita identificar la evolución de la deuda contratada para atender la emergencia y sus consecuencias.
De acuerdo con el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución, los gobiernos estatales pueden contratar deuda con personas físicas o morales nacionales y en pesos mexicanos. La Ley de Disciplina Financiera requiere que los estados reporten a la SHCP la adquisición de deuda y sus características, la cual se refleja en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente.
De acuerdo con el último reporte de la SHCP, al 30 de junio la deuda neta del sector público se cerró en 12 billones 48.1 mil millones de pesos. La deuda interna ascedió a 7 billones 333 mil millones de pesos, mientras que la externa es de 4 billones, 714 mil millones de pesos.
