22/07/2020
CIUDAD DE MÉXICO (Contraste Político).- El de por sí improductivo Congreso de Tabasco, desapareció y olvidó completamente ejercer sus facultades constitucionales y legales para solicitar al poder ejecutivo estatal que informe sobre las decisiones tomadas o los recursos utilizados en la atención de la pandemia del coronavirus covid-19.
Anodino totalmente, el poder legislativo tabasqueño prácticamente desapareció en su desempeño de sus obligaciones de vigilar el desempeño del Ejecutivo en esta funesta emergencia sanitaria que viven los tabasqueños.
Aunque está en receso el Congreso local y regresarán hasta septiembre a “sesionar” públicamente , pero mientras ni los “representantes populares” de la Comisión Permanente ni las diferentes Comisiones, que deben seguir en sus labores, se han preocupado por lo que ocurre en esta pandemia.
Por ejemplo, han evitado llamar a la Comisión Permanente o a las diversas Comisiones, a funcionarios para comparecer por la emergencia sanitaria y reactivación económica. No les interesa en lo absoluto cuestiones relacionadas con la calamidad sanitaria de los tabasqueños.
Es conocida la tibieza y pasividad de la coordinadora de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la diputada morenista Beatriz Milland Pérez, por lo que no ha dado ejemplo de preocupación alguna con lo que ocurre en Tabasco.
A nivel nacional, la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de Transparencia Mexicana se sumó por tercera ocasión al Mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas de Tojil y Transparencia Mexicana, conocido como #SusanaVigilancia.
En un informe especial sobre el cumplimiento de las funciones de vigilancia ante la emergencia sanitaria y la pandemia de los 34 órganos legislativos del país, la U-TRAC identificó que doce órganos legislativos del país tuvieron al menos una reunión de trabajo o comparecencia con funcionarios o funcionarias de los poderes ejecutivos para informar sobre el uso de los recursos públicos y las acciones emprendidas para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales ocasionadas por COVID-19.
Los órganos legislativos que han ejercido sus funciones de acompañamiento y vigilancia mediante este mecanismo son el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los congresos de Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
Algunos órganos legislativos del país han emitido declaraciones a medios de comunicación o incluso se ha referido al tema en redes sociales, pero no hay evidencia documental del ejercicio de sus facultades constitucionales y legales para solicitar al poder ejecutivo federal, estatal o local que informe sobre las decisiones tomadas o los recursos utilizados.
El estándar para informar sobre esas sesiones varía también ampliamente entre los diferentes órganos legislativos.
Algunos Congresos informan sucintamente a través de un comunicado de prensa, otros a través de videos en canales como Youtube y en muy contados casos está la versión estenográfica de las comparecencias. La información pública relativa a las reuniones y comparecencias tampoco es sencilla de ubicar.
Por la naturaleza del tema, y por tratarse de un mecanismo institucional de vigilancia y acompañamiento de las decisiones en el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, estas reuniones deberían ser de fácil acceso y su contenido debería ser público.
Las organizaciones civiles invitaron a los Congresos del país a transparentar las sesiones de trabajo o comparecencias vinculadas con COVID-19, pero especialmente a utilizar sus facultades constitucionales y legales para mantener una estrecha vigilancia de las decisiones y recursos empleados en la emergencia sanitaria y la recuperación económica.
En el caso del Congreso de Tabasco, es inexistente la evidencia documental de cuando menos una comparecencia o reunión de trabajo con funcionarios de los poderes ejecutivos.
Tampoco existe identificación de posicionamientos sobre la necesidad de llamar a comparecer o sostenido algún encuentro con funcionarios del poder ejecutivo.
Ni siquiera la Comisión de Salud del Congreso de Tabasco, o alguno de sus integrantes ha mostrado interés por lo que ocurre con la pandemia en la entidad.
La Comisión de Salud, la preside el morenista y médico Manuel Antonio Gordillo Bonfil; y también la integran la perredista Patricia Hernández Calderón; el morenista y médico Carlos Madrigal Leyva; el expevemista José Manuel Sepúlveda del Valle, y el morenista y médico Luis Ernesto Ortiz Catalá.
De acuerdo al Reglamento cameral, la Comisión de Salud tiene, entre otras, la facultad y obligación de fomentar que los médicos presten sus servicios en las comunidades rurales y que las unidades instaladas cuenten, por lo menos, con medicamentos de primer nivel y material de curación para atender las necesidades urgentes de los ciudadanos;
También estudiar, recomendar y dictaminar sobre el control sanitario, en establecimientos que vendan alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, así como lo relativo al control sanitario en el Estado, así como conocer los programas de salud pública del Estado y de los Municipios.
“Durante los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente; tanto los órganos directivos como las distintas comisiones del propio Congreso continuarán cumpliendo sus atribuciones”, establece la Constitución.
