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Sanciones efectivas a «padres» desobligados, propone diputado de Cárdenas

26/11/2020

VILLAHERMOSA (CONTRASTE POLÍTICO).- Con el objetivo de evitar que los padres incumplan con su obligación de garantizar el alimentos de sus hijos y no tengan pretexto para evadirla, principalmente cuando se divorcian o están separados de la madre, es necesario que el Código Penal tipifique esa conducta y no deje resquicio legal a esos personas desobligados.

El diputado local por el municipio de Cárdenas, Tomás Brito Lara, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 207 del Código Penal de Tabasco, para que se incrementen las sanciones a irresponsables padres que abandonan alimentariamente a sus vástagos.

El legislador de la fracción de Morena, explicó que el propósito de la reforma penal es ampliar los alcances de ese precepto, pues la Ley deja fuera de la configuración de la agravante a los convenios de cumplimiento de obligaciones familiares suscritos ante el Sistema DIF Estatal y las Procuradurías de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales gozan de plena validez y eficacia para efectos de salvaguardar los derechos alimentarios del ámbito familiar.

Al presentar la iniciativa, el legislador dijo que esos “papás” en la mayoría de las ocasiones se niegan a cumplir con los gastos alimentarios de sus hijos, aunque exista en su contra una resolución judicial dictada por un juez o un convenio de conciliación judicial, así como tampoco respetan un convenio a través de la potestad del Sistema DIF Estatal y de las Procuradurías de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El legislador del partido Morena propuso reformar el artículo 207 del Código Penal del estado, como complemento al artículo 206 por el delito de “Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar” que establece:

“Al que no proporcione los recursos necesarios para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, se le aplicará prisión de seis meses a dos años, multa de cincuenta a doscientos cincuenta días multa, y suspensión de uno a cinco años de los derechos de familia en relación con aquéllos”.

Y el artículo 207 del Código señala que “la penalidad de este delito se agravará en una tercera parte, para el caso de que la omisión ocurra en incumplimiento de una resolución judicial, esto es, de una sentencia o de un convenio de conciliación judicial en estricto sentido”.

Tomás Brito Lara, razonó que sin embargo el precepto 207 del Código, “no resulta ser totalmente funcional y eficaz para los efectos sancionar de manera efectiva el incumplimiento de las obligaciones de subsistencia familiar, pues ésta tan solo contempla que la pena se agravará únicamente para el caso de que la omisión ocurra en incumplimiento de una resolución judicial”.

Se deja fuera de la sanción al incumplimiento de convenios firmados en controversias alimentarias resueltas mediante la celebración de convenios administrativos ante autoridades competentes, acuerdos suscritos por los deudores y acreedores alimentaros a través de la potestad del Sistema DIF Estatal y de las Procuradurías de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, para efectos de garantizar, dentro del ámbito civil y familiar, el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

“No obstante, estas resoluciones o convenios judiciales y administrativos son incumplidos por los deudores alimentarios, lo que afecta y pone en riesgo la supervivencia de las personas; de igual forma, altera el equilibrio familiar y social, toda vez que la carencia del sustento alimenticio no solo trastoca a la persona, sino que también afecta gravemente el estado general de bienestar”, consideró el diputado por Cárdenas.

Por ello, con la iniciativa de reforma, el Artículo 207 del Código Penal de Tabasco, establecería que “si la omisión mencionada en el Artículo anterior ocurre en incumplimiento de una resolución judicial o de un convenio celebrado ante autoridad competente, las sanciones se incrementarán en una tercera parte.

Con esa reforma la sanción punitiva del delito de “Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar” se agravará en una tercera parte, para el caso de que la omisión ocurra no solo en incumplimiento de una resolución judicial, sino que también en incumplimiento de un convenio celebrado ante autoridad competente; reconociéndose con ello -en la legislación penal- el pleno valor jurídico que posee la conciliación judicial o administrativa dentro del campo del derecho familiar y de las obligaciones alimentarias.

 

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