CIUDAD DE MÉXICO (CONTRASTE POLÍTICO).– El gobierno federal traspasó a Tabasco completamente los derechos sobre los terrenos e infraestructra del Centro Federal de Readaptación Social número 6 «Sureste» (Cefereso), ubicado en Estación Chontalpa, Huimanguillo, al fructificar las gestiones del gobernador Javier May Rodríguez.
Con ello, legalmente ese inmueble penitenciario pasa a ser propiedad del gobierno estatal y en el que podrá invertir recursos para rehabilitarlo, ampliarlo y modernizarlo. En el año 2023, la Federación lo entregó en comodato, es decir sólo lo había prestado, al gobierno del estado, pero nunca fue utilizado y quedó abandonado.
Este viernes 14 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se autoriza la donación a favor del Gobierno del Estado de Tabasco del Centro Penitenciario ubicado en Huimanguillo, como resultado de las gestiones realizadas por el mandatario estatal, Javier May Rodríguez, para fortalecer la estrategia de seguridad y mejorar el sistema penitenciario.
El Acuerdo establece que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación el inmueble con superficie de 751 mil metros cuadrados, denominado Centro Penitenciario Estatal Tabasco, ubicado a 358 metros de la carretera federal Raudales de Malpaso-El Bellote, sin número, kilómetro 73.5, de Villa Estación Chontalpa, Huimanguillo.
Desde el mes de junio del año 2023, se destinó en comodato el inmueble a la entonces Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ser utilizado como Centro Penitenciario Estatal, sin que hubiera registro de que este haya sido utilizado.
Recientemente, el Gobernador Javier May Rodríguez anunció la rehabilitación de dicho penal, que tiene capacidad para 720 personas privadas de su libertad por la comisión de un delito, a fin de utilizarlo para desahogar otros centros; lo que además beneficia a las mismas en sus derechos humanos al contar con espacios más amplios en tanto siguen su proceso.
El documento publicado en el DOF señala que el Gobierno del Estado está obligado a utilizar el inmueble donado únicamente como centro penitenciario.
