TUXTLA GUTIÉRREZ (CONTRASTE POLÍTICO).—El gabinete de seguridad federal lo clasificó como el “operador financiero de un grupo delictivo”, pero en Chiapas, el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, le abrió la puerta de los Reclusorios a la empresa Industrias Médicas Chiapanecas (IMECH), cuyo director general Justo Aurelio Rivera Parrazales, fue capturado en su residencia de Mérida, Yucatán
El 11 de julio del 2025, el secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSPCH), Oscar Alberto Aparicio Avendaño, firmó con Rivera Parrizalez, un “convenio de colaboración”, con vigencia hasta el 2030, en el que se otorga facultades para ingresar a los reclusorios para capacitar y emplear a los reos con su respectiva remuneración.
En Mérida, Yucatán, durante el cateo a cuatro inmuebles propiedad de Rivera Parrizalez, las fuerzas de seguridad federales incautaron unos 15 autos deportivos de lujo, como Lamborghinis y Porsches, así como un Tesla Cybertruck y camionetas pickup.
Según, el documento firmado entre el gobierno de Chiapas y la empresa IMECH, es un acuerdo en materia de industria penitenciaria, enfocado en la capacitación y el trabajo para el programa «Reparando Vidas». Su objetivo principal es fortalecer los centros penitenciarios impulsando la reinserción social a través de actividades productivas para las personas privadas de su libertad.
Rivera Parrizalez, creó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro empresas, entre ellas Industrias Medicas Chiapanecas, Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral, Servimedic Del Sureste, e Inmedicen. Ninguna de ellas con experiencia en materia de centros penitenciarios, pero a pesar de eso, la SSPCH le otorgó la tarea de capacitar a reos de las cárceles del estado.
Según medios de comunicación, el imputado por la Fiscalía General de la República, como operador financiero de un grupo delictivo, es integrante del Cartel del Noreste, con vínculos con el CJNG y de La Barredora, así como tener vínculos con el exgobernador Rutilio Escandón Cadena, actual cónsul en Miami, EEUU y ex cuñado del senador Adán Augusto López Hernández.
Sus relaciones políticas llegaron hasta el actual mandatario chiapaneco, Eduardo Ramírez, quien autorizó a una de las empresas de Rivera Parrizales, tener el acceso a los Reclusorios chiapanecos.
Uno de los objetos del convenio firmado entre la SSPCH e IMECH era “establecer las bases de colaboración entre «las partes», con la finalidad de coordinar y desarrollar industria penitenciaria en beneficio de las personas privadas de la libertad que se encuentran en los centros estatales de reinserción social de sentenciados en Chiapas, cuya finalidad primordial es la capacitación y el trabajo remunerado, atendiendo siempre a conservar y fortalecer con ello, la dignidad humana”.
IMECH se comprometió a “realizar la capacitación a las personas privadas de la libertad (PPL), para el desempeño de la actividad industrial consistente a la mano de obra, y evitar accidentes en la actividad productiva desarrollada para que «IMECH» cumpla con su actividad empresarial”.
La empresa del actual detenido se comprometía a “que el número de personas privadas de la libertad, sea conforme al plan de actividades será de acuerdo a la materia prima que se pretenda desarrollar en el centro penitenciario”.
También se comprometió a realizar pago del monto económico remunerado para las personas privadas de la libertad, que será establecido en los convenios específicos para el mismo fin. Y podía aumentar el monto del apoyo económico de “acuerdo con el desempeño de las personas privadas de la libertad y a los estándares de productividad”.
