Silvia Mallea/ Contraste Político
Cuando el presidente de México decía, en su III informe, que la 4T avanza triunfante en su lucha contra la corrupción, en su tierra, en su agua, Egla Cornelio Landero, secretaria de educación, Mario Hernández De la Cruz, director de Recursos Humanos de la SETAB y Leticia Álvarez Gerónimo, coordinadora de la Unidad Administrativa de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, defecan sobre el discurso triunfalista del ciudadano presidente.
Los funcionarios antes mencionados, violando el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Académico del Subsistema de Educación Normal de la Secretaría de Educación, vigente aún, conculcan derechos de los trabajadores y otorgan canonjías a sus incondicionales. Maestras y maestros de estas instituciones afirman a esta reportera que “el Reglamento interior que rige al subsistema reconoce como única instancia reguladora de los procesos de ingreso y promoción del personal académico de este subsistema a las Comisiones Dictaminadoras de cada institución”. En estas comisiones, a decir de los agraviados, se encuentran representados tanto la autoridad educativa como la de los trabajadores. Sin embargo, los dictámenes emitidos por estas comisiones, los burócratas de la 4T, se los han pasado por el arco de triunfo.
“Mario Hernández y Leticia Álvarez, suponemos que avalados por la secretaria Cornelio Landero, no han respetado los dictámenes que han emitido los integrantes de estas Comisiones y han rechazado los procesos de contratación por promoción de docentes que han salido beneficiado de estos procesos, asumiéndose ambos personajes como instancia calificadora de los aspirantes, cuando esta es facultad única y exclusiva de las Comisiones Dictaminadoras”, aseguran los catedráticos normalistas.
Para avalar sus dichos, los afectados aportan pruebas: “A seis docentes que salieron beneficiados con estas promociones, les solicitaron las renuncias a sus claves anteriores para, según, contratarlos con las que habían obtenido de acuerdo a dictamen. Pero, llegado el momento, les negaron la contratación de sus nuevas plazas, quedando dichos trabajadores sin plaza alguna, en la total indefensión laboral. Ese es el caso de los docentes; Araceli Rivera Castellanos, María Antonia Pérez Cupil. Anais Astrid López Iglesia, Leticia Hernández García de la Normal de Educación Preescolar; así como Guillermo Alberto Latournerie Pérez y Miguel Ángel Morales Jiménez, de la Escuela Normal de Educación Física.
Pero las irregularidades no sólo existen en las escuelas antes mencionadas, aseveran los quejosos; “En iguales circunstancias se encuentran los procesos de contratación de docentes de la Escuela Normal de Educación Especial “Graciela Pintado de Madrazo” a quienes estos mismos funcionarios han rechazado la contratación de cuatro docentes que resultaron beneficiados en concursos de oposición abierta para impartir clases en esa institución”. Los perjudicados, por desconocimiento e interpretación sesgada del reglamento por parte de Mario Hernández y Leticia Álvarez, señalaron que han buscado el apoyo de los dirigentes estatales del SITET, SNTE y SITEM, sindicatos a los cuales están afiliados, pero no han obtenido respuestas. En el caso del todavía dirigente del SITET, Clemente Ortiz Méndez, manifestó a sus agremiados que está buscando un acercamiento con el recién nombrado subsecretario de Educación Media y Superior, el ex diputado priista Luis Rodrigo Marín Figueroa.
Mario Hernández y Leticia Álvarez, flamantes funcionarios en cuestión, no tienen empacho en contratar, de manera ilegal, sin dictamen de las respectivas comisiones, a incondicionales. Con datos obtenidos de la plataforma de transparencia las y los maestros aseguran que Gabriela Gallegos Castellanos, con perfil de ingeniera civil, fue contratada con una plaza de Medio Tiempo con clave E1808/0015, con adscripción a la Escuela Normal de Educación Preescolar, pero que, en realidad, realiza tareas administrativas en las oficinas centrales de la dependencia.
Otro caso es, según los denunciantes, el de Alejandra Kuri Cachón a quien la SETAB le otorgó el 1º de marzo de 2020, una plaza administrativa de Analista Especializado “B”. Pero que no acude a laborar a Escuela Normal alguna de nuestro estado. Como casos más recientes, denuncian a quien fuera exsecretario particular del exsubsecretario Fernando Calzada Falcón. De nombre Alfonso Boyland León, este beneficiario de la 4T, sin despeinarse, obtuvo una plaza de Tiempo Completo, Titular “C”, la máxima categoría a la que pude aspirar un catedrático normalista y para poder obtenerla tienen que pasar años. En ese mismo tenor, Ana Edith Palomino Vergara, directora de Educación Superior, también, se auto asignó otro plaza de Tiempo Completo Titular “C”. Ambos nombramientos adscritos a la Escuela Normal Urbana de Balancán.
En su tercer informe, el presidente, airoso, firme y convencido, expresó: “La transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo – porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible- también estamos desterrando vicios y practicas deshonestas en el manejo del gobierno”. En Tabasco, ese discurso es letra muerta, los vicios y las prácticas deshonestas gozan de cabal salud. Egla Cornelio Landero, Mario Hernández De la Cruz, Leticia Álvarez Gerónimo, flamantes funcionarios de la 4T en Tabasco, son el mejor ejemplo.
Sin embargo, las y los maestros hacen preparativos para ir la ciudad de México y exponer la problemática ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de educación, Delfina Gómez Álvarez. «Ojalá y ante las evidencias que les llevemos, ellos no tengan otros datos», dice con un dejo de tristeza una de las afectadas.
